ANÁLISIS | CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN JUDICIAL
A recuperar los 400.000 euros de Zuberoa y la actividad suspendida
La sentencia del jueves cerrará el «caso Udalbiltza» si Dignidad y Justicia no presenta recurso, como parece. Entonces habrá opción de levantar la suspensión de actividades y de pedir la devolución del dinero incautado. Pero la sentencia debería tener efectos también en forma de jurisprudencia para casos posteriores. La defensa ayuda a responder a la pregunta de «¿y ahora qué?».
La absolución de los miembros de Udalbiltza trae otras muchas consecuencias, aunque no se podrán empezar a materializar hasta que el fallo adquiera carácter firme. Como ocurrió ya con la sentencia exculpatoria del «caso Egunkaria», parece probable que dada la contundencia del desenlace no haya recurso alguno. La Fiscalía, que había pedido diez años de cárcel al final del juicio, reiteró ayer que renunciará a presentarlo porque «la sentencia deja claro que no hay pruebas de vinculación con ETA». Y agencias españolas dieron a entender que Dignidad y Justicia también se inclina por esta opción, si bien de momento este grupo no lo confirma.
La abogada de la defensa Jone Goirizelaia explica a GARA cuáles serán los pasos a dar en ese momento.
¿Qué pasa con la suspensión de actividades?
La medida fue dictada por el juez Garzón inmediatamente después de la redada de 2003, junto a la declaración de ilicitud de Udalbiltza. Se mantuvieron hasta 2008, cuando la Fiscalía ya no pidió su renovación al considerar que la institución estaba inactiva. Sin embargo, en este juicio el tema volvía a estar en litigio. Al haberse decretado que no hay delito, consiguientemente Udalbiltza dejará de ser ilícita y sus actividades no estarán suspendidas.
¿Qué ocurre con el dinero y los bienes incautados?
Descartado también el decomiso que pedía la Fiscalía, la defensa reclamará su devolución en cuanto sea posible técnicamente. Y hay mucho dinero en juego. Representantes de Udalbiltza han denunciado en todos estos años que la Audiencia Nacional se apropió, a través de cantidades en metálico o de bloqueos bancarios, de los 400.000 euros recaudados mediante cuestación popular para ayudar a la promoción de Zuberoa. En cuanto a las sedes precintadas en Iruñea, Gasteiz, Bilbo y Astigarraga, no eran propiedad de Udalbiltza, sino que estaban alquiladas. En cualquier caso, su clausura sí privó a la institución de una importante referencialidad. La de la capital navarra, por ejemplo, se ubicaba en la Plaza del Castillo, donde se ofrecían ruedas de prensa prácticamente semanales.
¿Cuánto tiempo han pasado en prisión los absueltos?
El suyo evidentemente no es un caso único, pero Goirizelaia remarca la gravedad que tiene «imputar ‘integración’ a personas que sólo han ejercido sus derechos civiles y políticos, como se admite ahora. Por eso fueron detenidas, se les aplicó la incomunicación, estuvieron presas y también dispersadas». Más de la mitad de los ahora absueltos han pasado por prisión: aunque la casuística es muy variada, ya que a varios se les ha implicado además en otros macrosumarios, el periodo pasado entre rejas de modo preventivo osciló entre los cinco y los dieciocho meses. «Todas estas personas podían haber sido llamadas a declarar sin ser detenidas, pero no fueron citadas en ningún momento», recuerda su abogada.
¿Qué otras consecuencias jurídicas debe tener?
Goirizelaia destaca por un lado la aceptación de que los informes policiales no pueden ser validados como prueba pericial supuestamente independiente: «Es muy importante de cara a otros juicios, porque todos descansan sólo en esos informes policiales». Su invalidez es una demanda constante de la defensa que ahora se ha admitido al fin.
Además, el fallo contribuirá a sentar jurisprudencia. Sus argumentos coinciden básicamente con los del «caso Egunkaria», por lo que «ya son dos sentencias que dicen lo mismo y en el mismo sentido».
