TRAS LA SENTENCIA ABSOLUTORIA

Udalbiltza reclamará el reinicio de su actividad y los fondos confiscados

R.S. | DONOSTIA

Repasando la hemeroteca de aquellas jornadas frenéticas de primeros de mayo de 2003, en que se apartó de la carrera electoral por vez primera a 241 candidaturas vascas, se encuentran frases auténticamente premonitorias. El abogado Kepa Landa comparaba la carrera para forzar ilegalizaciones de listas con una película de los hermanos Marx. Y Joxerra Etxebarria, candidato de Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), denunciaba ante los juzgados de Bilbo que «esta prohibición ha sido un cocidito madrileño: ellos se lo guisan y ellos se lo comen».

Efectivamente, tras la absolución de los acusados de Udalbiltza ha quedado probada su denuncia pública de que aquella redada se había realizado como instrumento añadido para forzar el primer veto electoral contra la izquierda abertzale. Un veto que, a su vez, ha alimentado posteriores prohibiciones a través de argumentos como la repetición de personas en las diferentes listas.

La operación contra Udalbiltza fue desencadenada sólo un par de días antes de que concluyera el plazo para impugnar listas. Rápidamente se difundió que a algunos detenidos se les habían incautado documentos, pegatinas o carteles relacionados con las listas sospechosas, lo que se esgrimía como prueba de cargo definitiva toda vez que a los arrestados se les catalogaba sin duda como miembros de ETA. De hecho, el juez Baltasar Garzón los encarceló al día siguiente, sin agotar esta vez el plazo de incomunicación. Y al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado daba a conocer que utilizaría esos autos de prisión para impugnar listas.

El Tribunal Supremo hizo suyos esos argumentos, con ejemplos como éste: la candidatura de la izquierda abertzale en la capital navarra (Iruñea Berria) fue vetada con el argumento de que «la candidata número uno ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional de Udalbiltza». Ahora, ocho años más tarde, Expe Iriarte ha quedado absuelta, como todos sus compañeros. La Audiencia Nacional ha sentenciado que formar parte de Udalbiltza no suponía ser «terrorista», sino sólo abertzale.

El Constitucional confirmó el veto del Supremo, con algunas excepciones concretas, entrada ya la campaña electoral. Pero antes de que dieran las 0.00 del 9 de mayo, hubo otro detalle significativo: en una orden derivada de la redada contra Udalbiltza, Garzón ordenó registrar una imprenta de Iruñea en busca de papeletas de AuB. Fue otro ataque destinado a facilitar la ilegalización de listas por vía de hechos consumados y que, según la sentencia conocida anteayer, no tenía base alguna.

Rubalcaba y Rodríguez
Quizás porque es consciente de esta historia, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de ayer Rubalcaba insistió en defender que la sentencia «no influye» en la legalización o no de la izquierda abertzale.

«Aquí lo que hay es un partido ilegal, Batasuna, porque los tribunales han dicho que forma parte de ETA. Si quiere volver a ser legal, tiene que demostrar que ya no forma parte de ETA», reiteró Rubalcaba. En relación concreta al fallo firmado por el juez Javier Gómez Bermúdez, dijo que el Ejecutivo «la respeta y acata, o la acata y respeta», y rechazó que se hagan interpretaciones políticas sobre el mismo.

En Euskal Herria, el parlamentario del PSE Óscar Rodríguez escribió en su blog que «es una buena noticia». Y destacó este párrafo del fallo: «En un estado democrático quedan fuera del ámbito penal la acción política y las manifestaciones ideológicas (...) incluso cuando repugnen a la inmensa mayoría, como ocurre con el silencio o la falta de condena de atentados».