El Gobierno israelí envió el pasado fin de semana un mensaje confidencial a EEUU y a sus principales aliados europeos, además de a Rusia y China, en el que les insta a frenar las críticas contra el rais egipcio, Hosni Mubarak, y a apuntalar al denostado y tocado régimen.

El Ejecutivo dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu se negó a confirmar o desmentir estas informaciones, difundidas por el diario «Haaretz» y por la radio militar israelí. Mientras el Gobierno mantiene un perfil bajo en la crisis -Netanyahu ha prohibido a sus ministros hacer declaraciones-, el presidente israelí y otrora dirigente laborista Simon Peres insistió en alabar la figura de Mubarak por «garantizar la paz en Oriente Próximo».

Tras liderar varias guerras contra el Estado sionista, el Egipto de Anwar El-Sadat fue en 1979 el primer país árabe que firmó un acuerdo de paz por el que reconocía a Israel y, a cambio, recuperaba los territorios, península del Sinaí incluida, perdidos en la guerra de los Seis Días de 1967.

Este acuerdo le costó la vida el año siguiente a El-Sadat, muerto en atentado por un militar islamista. Fue sustituido por Hosni Mubarak.

1979 fue un año convulso para EEUU. La Revolución Islámica iraní destronó al sátrapa Rezah Palewi. Egipto se convirtió entonces en el principal sostén, junto con Israel, de los intereses geoestratégicos de Wa-shington en el mundo islámico. Y así ha sido en estos 30 largos años.

Eso explica el equilibrismo de la Administración Obama a la hora de valorar la crisis egipcia. Su reacción ha sido menos contundente que en el caso tunecino y se mueve entre los llamamientos genéricos a la libertad de expresión y manifestación y el emplazamiento a que sea el propio régimen el que desarrolle una transición «ordenada».

Apuntalar a un Mubarak ya condenado por la historia supondría ahora un coste político insoportable para Washington. Más teniendo en cuenta que terminaría por enterrar definitivamente el mensaje de cambio con el que Obama se presenta en la arena internacional, incluida la árabe.

Transición ordenada

Pero si algo teme EEUU es que la situación escape de su control y que un país de más de 80 millones de habitantes comience a asumir las riendas de su propio destino, sea desde una perspectiva panarabista de izquierda (Nasser sigue vivo para muchos) o desde un prisma islamista de la mano de la poderosa organización de los Hermanos Musulmanes. En un intento de evitar «males mayores», Washington trabaja de lleno en propiciar una transición que, aun cuando tenga que asumir el papel creciente de los opositores a Mubarak, le permita minimizar en lo posible los daños.

Tanto en la revolución tunecina como en la actual revuelta egipcia, la posición de Estados Unidos puede ser calificada de contundente e incluso «valiente» si la comparamos con la mostrada por la UE y sus princi- pales pesos pesados.

Si en el caso de Túnez Bruselas y las principales capitales europeas no reaccionaron hasta que el dictador Ben Ali estaba ya refugiado en Arabia Saudí, en este caso se han dado más prisa pero mantienen una posición de extrema cautela.

En esta línea, los ministros de Exteriores de la Unión se limitaron a pedir al régimen que negocie con la oposición y que organice elecciones «libres» y «justas». Ni una palabra de exigencia a Mubarak para que abandone el poder, tal y como reclama el pueblo egipcio desde hace una semana.