El abogado vizcaino Iñaki Goioaga recuperó ayer la libertad, previo pago de 60.000 euros, después de permanecer encarcelado por orden del juez Grande-Marlaska desde junio de 2009 en el marco de un operativo policial que forzó siete detenciones en torno a un supuesto plan de fuga en la cárcel de Huelva. El propio juez se encargó en el auto de prisión de desmontar la propaganda del Ministerio español del Interior y evidenció que fue el abogado el objetivo principal de la redada.

Letrado habitual de presos políticos vascos, el vizcaino Iñaki Goioaga quedó ayer en libertad provisional, después de que la sala de la sección segunda de la Audiencia Nacional española aceptara la apelación realizada por la defensa, después de que el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, rechazara primero su puesta en libertad. La Audiencia Nacional, sin embargo, tal y como confirmó su defensa a GARA, le ha impuesto el abono de 60.000 euros como fianza económica, además de medidas de restricción como la entrega del pasaporte, la obligación de ir a firmar cada semana al juzgado, designación de un domicilio y la prohibición de abandonar territorio español. Después de que para el mediodía de ayer sus allegados realizasen las pertinentes gestiones, el abogado de Bilbo abandonó al anochecer la prisión de Segovia, donde permanecía recluido.

Amplio operativo

Fue el 13 de junio de 2009 cuando la Guardia Civil detuvo al abogado vizcaino en el marco de un operativo amplio, junto a otras seis personas, de las cuales tres se encontraban en prisión.

Aunque ordenado por la Audiencia Nacional, fue el Ministerio español del Interior el que explicó que la redada trataba de evitar un supuesto plan de fuga de la cárcel de Huelva. Así, la Guardia Civil retuvo y luego incomunicó a tres presos políticos, al abogado Iñaki Goioaga, a dos familiares de presos políticos y a la vecina de Huelva Juana Orta, quien formaba parte del comité local de apoyo y acogía en su casa a familiares de presos vascos que cada fin de semana se desplazaban allí para visitar a sus allegados presos.

Ante un operativo de embergadura y con un argumento poco sólido, el resultado fue que sólo fueron encausados Iñaki Goioaga, el preso Gorka García Sertutxa y su compañera sentimental, quien quedó en libertad provisional. La otra allegada quedó libre sin imputaciones. Y tras los días de incomunicación impuestas, el auto emitido por Grande-Marlaska chocaba frontalmente con lo mantenido por el Ministerio español del Interior. El juez lo situaba en el pasado como una posibilidad, mientras que el Ministerio de Rubalcaba subrayaba su inminencia y fijaba que el supuesto plan de fuga iba a ser en verano.

En la práctica fue el encarcelamiento de Iñaki Goioaga el único efecto real de esa redada, cuyo envío a prisión no guardó relación con el supuesto plan de fuga, sino, según el auto, por otros elementos hallados presuntamente en el registro de su despacho en Bilbo y que Grande-Marlaska consideró que podían guardar relación con ETA.

Tras esta redada contra abogados y familiares de presos políticos llegaron, después, otros como los arrestos de los letrados Agudo, Zulueta, Sarriegi y Enparantza, entre otros.