El Grupo Internacional de Contacto, GIC, impulsado por el abogado sudafricano Brian Currin, visitará Euskal Herria en «aproximadamente dos semanas». Esta primera estancia para tratar de «agilizar, facilitar y posibilitar» el logro de la normalización política del país, fue desvelada ayer por el coordinador de Lokarri, Paul Ríos.

La visita del GIC fue anunciada en la comparecencia ofrecida por Lokarri para dar a conocer las conclusiones del último informe elaborado por el Observatorio Social del Proceso de Paz, donde la mayoría de los encuestados piden al Gobierno español que contribuya en el proceso. Ríos avanzó que cuando llegue la visita de los mediadores «presentarán exactamente, teniendo en cuenta la función y el mandato con el que se constituyó este grupo, cuáles serán los primeros pasos para tratar de impulsar el que pueda haber un proceso de paz irreversible».

Lo único que se conoce a cerca de este grupo es que está formado por cinco mediadores y que todos ellos son europeos.

En la comparecencia ofrecida por el abogado sudafricano, en noviembre pasado, para dar a conocer el marco de actuación dotado por los firmantes de la Declaración de Bruselas al GIC, Currin aseguraba que a partir del pronunciamiento de ETA, llegaría el proceso de verificación del alto el fuego. Según declaró entonces, sería deseable que estuviera el Ejecutivo español.

En la misma rueda de prensa, Currin abogó también por trabajar para «promover, facilitar y posibilitar» la legalización de la izquierda abertzale y conseguir una actitud «proactiva» por parte del Ejecutivo español.

Ilusión entre los ciudadanos

En cuanto a las conclusiones del informe, Lokarri destacó que la declaración del alto el fuego de ETA ha despertado «esperanza e ilusión» entre el 89% de los encuestados. Asimismo, la mayoría de ellos consideran que el Gobierno español debe tener un «papel más activo», por lo que le solicitan que contribuya acercando a los presos políticos vascos a Euskal Herria y facilitando la legalización de la izquierda abertzale.

Los encuestados también consideran un elemento importante la verificación internacional del alto el fuego de ETA y la gran mayoría creen que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero debería colaborar en el mismo.

El oreretarra Juantxo Lasa, Txikierdi, ha cumplido 26 años preso y, coincidiendo con esta fecha, sus vecinos desplegaron una inmensa pancarta con el rostro de los dieciocho presos políticos de la localidad. Por otro lado, en favor de los derechos de los presos políticos vascos 20 personas se concentraron ayer en Bermeo y Zaldibia, 25 en Ataun, 9 en Añorga, 29 en Pasai San Pedro-Trintxerpe, 33 en Gernika, 42 en Iurreta, 44 en Laudio, 27 en Otxarkoaga y 17 en Altza.