Un juez de la Audiencia Nacional española anda estos días husmeando en relación al llamado caso Faisán y los teléfonos móviles del Ministerio del Interior ya la prensa recalcitrante se le han afilado los colmillos.

En «El Mundo», que lleva dando la matraca semana va semana viene con el asunto, no disimulaban su alborozo porque «las nuevas diligencias del sumario del chivatazo indican que el juez tiene motivos para sospechar que tras la delación que evitó la operación antiterrorista en un momento en el que el Gobierno negociaba con ETA hay un responsable político».

Y su competidor «Abc» se ponía en jarras y advertía con aire de severidad: «Ante la Justicia no valen los regates de las sesiones de control del Congreso ni las acusaciones a la oposición. Hay imputaciones a ex altos cargos y funcionarios por colaborar con ETA. El colmo de la perversión. Lo mejor para la democracia sería que el Gobierno diera a conocer lo que sabe». Pero sobre otros asuntos también. ¿O no?

En «La Razón» era José Antonio Vera el encargado de cocinar el faisán en cuestión.

Según el columnista, «es evidente que lo menos que procede ante un escándalo semejante es que la justicia investigue hasta el final».

Y es que, adelanta, «avisar a un terrorista de que le van a detener para que escape no es algo que pueda entender un ciudadano común y menos aún una víctima de ETA, aún habiendo un proceso de negociación política con la banda asesina». El problema, en realidad, era el proceso de negociación que esos tres medios quisieron tumbar desde el primer minuto. Ahí están las hemerotecas.

Y Vera se muestra satisfecho: «Por eso uno empieza a creer de nuevo en la Justicia cuando el magistrado Pablo Ruz decide reabrir el caso para saber qué se esconde tras aquel sonoro chivatazo. El hecho de que hubiera llamadas de ida y vuelta nada menos que a la Subsecretaría de Interior es más que preocupante. Se impone una explicación al detalle de lo que entonces ocurrió en el Ministerio. Nada hay que temer si no se incurrió en ilegalidad alguna». Lo que se impone, de una vez, es que el Gobierno español de turno se comprometa a resolver problemas.