El consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno navarro, José María Roig, tras calificar como «muy complicada» la situación de la empresa Arfe de Altsasu, descartó ayer una intervención pública en la empresa. «La salida es muy difícil porque la intervención pública en cualquier país democrático es una situación muy excepcional», y «la posible intervención económica del Gobierno significa mucho dinero, ya que la compañía tiene muchas deudas», fueron los argumentos de Roig en declaraciones recogidas por la agencia Efe antes de comparecer en comisión para informar sobre la situación de esta empresa, cuyos trabajadores, en la actualidad en huelga, llevan cinco meses sin cobrar.

A pesar de ello, y sin hacer ninguna concreción, aseguró que «van a ayudar y a apoyar a los trabajadores», a los que, según afirmó, ya les están aconsejando sobre sus posibles salidas legales y a los que les han dicho que si «en cualquier momento deciden continuar con una idea de empresa» les van a ayudar.

«Vamos a ver si entre todos somos capaces de salir hacia adelante, de resolver el problema», dijo el consejero.

En este contexto, concluyó que «una actuación legal del Gobierno no es posible», y que «sería como autoridad laboral por el impago de nóminas, pero eso conllevaría la imposición de una multa al empresario que, aunque merecida en este caso, no resolvería el problema».

La comparecencia del consejero se produce un día después de que el comité de empresa de Arfe trasladara a los grupos parlamentarios la «dramática situación» que vive la plantilla, un total de 157 trabajadores, y solicitara al Ejecutivo navarro que «tome las riendas» de este conflicto laboral.