La sesión, organizada por Lokarri, se ha convocado hoy a las 11.00 en el Palacio Euskalduna de Bilbo, y la expectación es tal que no sólo se ha tenido que habilitar una sala mucho mayor que la prevista inicialmente, sino que los reporteros gráficos han sido citados media hora antes en previsión de que sean muchas las cámaras reunidas para grabar y difundir el acto.

Según informa Lokarri, en este acto inédito habrá dos partes. En primer lugar intervendrá Rufi Etxeberria «para referirse al anclaje político» en el que nace el nuevo partido. Y le sucederá el abogado Iñigo Iruin, «que abordará el contenido de los estatutos desde el punto de vista jurídico-político».

La invitación ha sido cursada ampliamente, tanto a los medios como a agentes políticos, sindicales y sociales, lo que convierte este evento en algo peculiar y también significativo sobre el alcance de la apuesta de la izquierda abertzale. Casi todos los interpelados han respondido de modo positivo, por lo que estarán en el Euskalduna.

Así las cosas, resulta más fácil enumerar quiénes no acudirán a escuchar a la izquierda abertzale. En cuanto a formaciones políticas, sólo han rehusado la invitación PSE, PP y UPyD. El más agresivo ha sido el PP, que el sábado llegaba a definir a la organización promotora del acto como «Lokarritasuna» por boca de su líder en la CAV, Antonio Basagoiti. «Somos los que más queremos que se acabe con esto -dijo-, y por eso no queremos que alguien venga a estropearlo, se llame Lokarri, Lokarritasuna, EA, o como se llame».

Hamaikabat, escindida de EA, también pone la voz disonante. Martin Beramendi, su presidente en Gipuzkoa, considera que «no es momento de manifestarse por la legalización de Batasuna, sino de manifestarse para pedirle a ETA que deje ya las armas de una vez por todas y desaparezca para siempre. No vamos a hacer la ola a nadie». Se trata de una excepción absoluta en su entorno político, ya que al Euskalduna sí acudirán fuerzas políticas mucho más potentes, como PNV, EA, Aralar, AB, EB o Alternatiba.

Del mismo modo, desde el ámbito sindical sólo se espera una ausencia significativa: la de representantes de UGT. Habrá dos miembros de CCOO a título individual, así como enviados de ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK e Hiru, que componen la mayoría sindical vasca.

Junto a ellos, otros agentes vascos y muchos medios de comunicación para los que se ha dispuesto una sala con 283 butacas, el doble que la inicialmente contratada por Lokarri.

Su coordinador, Paul Ríos, explica que espera que el acto tenga una «gran relevancia» y que sea «un paso importante hacia el camino de la paz». Indicó a la agencia Europa Press que su organización se está implicando en el tema porque considera que la legalización de la izquierda abertzale «es crucial» y que el contenido de los estatutos debería permitirla.

Vigilancia policial

Sin embargo, no serán todos éstos los únicos interesados en el acto del Euskalduna. Diarios del Grupo Vocento afirmaban ayer que las FSE también vigilarán el evento e incluso a los asistentes para incorporar más datos a los informes destinados a impugnar el nuevo partido.

Tanto estos medios como ``El País'' afirman que el Gobierno de Zapatero tiene decidido impugnar la inscripción del nuevo partido, independientemente de que sus estatutos se ajusten a la ley o no, de modo que la última decisión quede en manos del Tribunal Supremo español.

Se afirma por ejemplo que los servicios policiales y de espionaje del Gobierno español ya disponen de cerca de una docena de informes diferentes sobre una argumentación básica: que la nueva formación debe ser entendida como una continuación de los partidos anteriormente ilegalizados.

En la prensa de ayer se podían encontrar afirmaciones tan curiosas como ésta de ``El Diario Vasco'': «Interior y la Fiscalía no ven como un problema los posibles estatutos `limpios' de la nueva formación». O ésta de ``El País'', que tras saludar los movimientos de la izquierda abertzale y la «velocidad» adquirida, avisa de que «aunque los estatutos de la nueva marca sean impolutos, el Ejecutivo los impugnará y pedirá a la Fiscalía que intervenga para que el Supremo tome cartas en el asunto».