El problema no es nuevo pero la actual crisis ha puesto de manifiesto, en toda su crudeza, que la doctrina neoliberal aplicada al derecho a la vivienda supone un riesgo inasumible para los hogares con ingresos más modestos. En vida, el «apostol de los pobres» flageló con serena perseverancia al ex presidente Jacques Chirac. Hoy Nicolas Sarkozy se ve amonestado con igual insistencia por la Fundación que lleva el nombre del fallecido Abbé Pierre.

En su último informe, la asociación, como hiciera su inspirador, habla sin pelos en la lengua para señalar que el acceso a la vivienda en propiedad «es una aspiración extendida en la sociedad, pero que, en la práctica, se conjuga en clave de desigualdad». El estudio de la asociación constata una brecha cada día más importante en cuanto a la capacidad de los hogares de materializar el sueño de la «Francia de los propietarios» publicitado por la presidencia de Sarkozy.

El mandatario conservador se marcó como objetivo aumentar el porcentaje de ciudadanos con una vivienda en régimen de propiedad, para equipar la estadística de Francia -un país que ha gozado tradicionalmente de un envidiable parque de vivienda social y en régimen de alquiler- a la media de la Unión Europea, que habla de un 66% de viviendas de propiedad privada.

La trampa para los modestos

Sarkozy contabilizó incluso su promesa, fijándose la meta de aumentar del 58% al 70% la tasa de propietarios. Las medidas fiscales y de apoyo a la promoción inmobiliaria adoptadas por su Gobierno, unidas a las facilidades crediticias, hicieron el resto.

Sin embargo, la crisis mundial ha devuelto a la realidad a miles de ciudadanos, y en especial a aquellos que, tras mirarse en el espejo de la bonanza de la pasada década, escucharon los cantos de sirena de Sarkozy. El informe de la fundación que lanzara en 2008 el programa «2.000 techos para 2.000 familias» es taxativo. «Cada vez son menos numerosos los hogares con ingresos de entre 1.500 y 3.000 euros que se convierten en propietarios de su vivienda: en 2003 el 45% de los compradores de una residencia principal respondían a ese poder adquisitivo, cinco años más tarde apenas representan el 30%». El precio de los bienes inmobiliarios se ha doblado entre 2000 y 2008, los ingresos de los asalariados sólo han mejorado en un 25%, subraya la Fundación Abbé Pierre. Es más, según esta asociación, la promesa del acceso a la propiedad se ha convertido en una «trampa evidente», al «banalizar» a ojos de una parte importante de la ciudadanía una cuestión como el endeudamiento.

En el capítulo del alquiler el paronama no es más halagüeño. Hoy se estima que 2,9 millones de personas viven en viviendas que no alcanzan los baremos de salubridad y confort. La crisis se traduce en hacinamiento y falta de mantenimiento de las viviendas, «en ocasiones por los impagos». Para renovar el parque de viviendas sociales, el Gobierno ha inventado un impuesto a pagar por los inquilinos.

El cuadro de la crisis de vivienda se traduce en cifras escandalosas. 685.000 ciudadanos no disponen de una vivienda propia y deambulan entre hoteles sociales y campings; 172.847 viven en viviendas insalubres; 86.612 personas se ven privadas de estructuras de acogida adecuadas -los trabajadores itinerantes y nómadas-. Ello, sin olvidar que 133.000 personas están censadas en el Hexágono como SDF o «sin domicilio fijo», al vivir en albergues o simplemente en la calle.