Nuevo partido de la izquierda abertzale
La izquierda abertzale no deja resquicios para la ilegalización
La izquierda abertzale ha hecho una apuesta estratégica por las vías exclusivamente pacíficas y la acumulación de fuerzas independentistas. Para desarrollarla necesita un partido legal y, en consonancia con su decisión histórica, ha redactado unos estatutos que cumplen los requisitos que los tribunales españoles y europeos han puesto. El partido se llamará Sortu, rompe con cualquier modelo organizativo anterior y rechaza toda violencia, también la de ETA.
Iñaki IRIONDO | BILBO
Todas las personas que abarrotaron ayer la sala del Palacio Euskalduna donde Lokarri organizó el acto de presentación de los estatutos para la creación de un nuevo partido de la izquierda abertzale llegaron a una misma conclusión: los ilegalizadores han quedado desarmados de razones jurídicas. Al margen de las consideraciones sobre la base democrática de la Ley española de Partidos Políticos, está claro que estos estatutos la cumplen con creces.
Rufi Etxeberria hizo la lectura política del paso histórico dado por la izquierda abertzale, mientras que Iñigo Iruin se encargó de la explicación jurídica y didáctica de los estatutos. El primero recordó que la izquierda abertzale ha renovado sus fundamentos estratégicos y organizativos después de dos años de debate interno, y el segundo detalló cómo se ha ajustado eso a la ley para poder contar con un nuevo partido legal.
El nombre del nuevo partido se confirmará hoy, pero trascendió ya anoche: se llamará Sortu.
«¿Qué exigen los tribunales?»
Iñigo Iruin comenzó su intervención con la pregunta clave: «¿Qué exigen los tribunales españoles a la izquierda abertzale para ser legalizada?».
Tomando como base la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación de la Ley de Partidos, y en concreto el auto que no admitió la inscripción de ASB en 2007, el abogado concluye que se reconoce a las personas de la izquierda abertzale la posibilidad de crear un nuevo partido «siempre que no constituya una continuación o sucesión de los partidos ilegales y disueltos». Pero, además, a modo de demostración de inocencia o «contraindicio», se le exige «una actitud de condena o rechazo del terrorismo» y, en concreto, «a una determinada manifestación de violencia, la llevada a cabo por la organización ETA».
Iruin sostiene que «la toma de postura frente a la violencia de ETA se ha convertido así en un problema constituyente para la izquierda abertzale, que ha de resolver para adquirir personalidad jurídica».
Una vez que la izquierda abertzale tiene adoptada la decisión estratégica de apostar por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas y de rechazar la violencia, la cuestión era cómo expresarlo en los estatutos para acabar con las excusas de los ilegalizadores.
Un partido nuevo
Atendiendo a la reciente reforma legal, lo que se pide a los electos es el «rechazo» y la «separación», no la «condena». Ése es, por tanto, la fórmula elegida en los estatutos.
La nueva formación rompe explícitamente en sus estatutos con los modelos organizativos anteriores y también con los partidos ilegalizados o disueltos. Por tanto, no cabe hablar de continuidad. Es un proyecto organizativo nuevo y distinto tanto en su estructura interna como en su actividad externa.
Para que ello quede claro, se expresa el «rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos». Y, por cierto, será motivo de expulsión de cualquier militante realizar alguna de las conductas recogidas en ese mismo artículo.
En el texto se subraya también que «la configuración estructural y funcional del nuevo partido está orientada a impedir la realización de actividades que lo conviertan en instrumento de continuación o sustitución orgánica o funcional de los partidos políticos ilegalizados y disueltos en virtud de las sentencias de la Sala Especial del Artículo 61 L.O.P.J. del TS».
Rechazo a la violencia de ETA
Los estatutos también recogen que «el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas».
Y, en sintonía con el Acuerdo de Gernika, se desea contribuir «a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA».
Iruin concluyó que «el Gobierno español debe atenerse a estrictos criterios de legalidad; la razón jurídica ha de ser la única que guíe su decisión a partir del próximo miércoles. En un Estado democrático la ley ha de interpretarse siempre de la manera más favorable al ejercicio de derechos fundamentales como los de asociación y participación política».
A la vista de esto y de los estatutos presentados, «el Ejecutivo español debe rechazar las razones de conveniencia político-electoral que de manera evidente están presionando para impedir la inscripción del nuevo partido en el Registro de Partidos Políticos».
El abogado sostiene, además, que la inscripción del nuevo partido debería tramitarse sin necesidad de trasladar la decisión a la Sala Especial del Tribunal Supremo.
Ruptura con modelos anteriores
«El nuevo proyecto político y organizativo supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar. Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella».
Voluntad
«Mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales:
- a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA.
- a la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca.
- al reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas».
Convenio europeo
«La nueva organización promoverá y defenderá como parte de su programa político un modelo de sociedad acorde y coherente con el concepto de ‘sociedad democrática’ definido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Rechazo sin ambages
«El nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas».
Rufi Etxeberria destacó ayer que «la demanda de legalización» de una nueva formación política es fruto de «una reflexión, debate y decisión autónoma y soberana realizada por la izquierda abertzale». «Una reflexión de alcance histórico -destacó- que marca un antes y un después en nuestra trayectoria».
La izquierda abertzale rompe con sus esquemas organizativos anteriores y reformula su estrategia por vías exclusivamente políticas y democráticas. Presenta unos estatutos que cumplen con la Ley de Partidos y, al mismo tiempo, denuncia que esta norma «se viene instrumentalizando con intereses netamente políticos más allá del carácter democrático o no de sus contenidos normativos». De esa forma «se ha deformado» la voluntad popular en las instituciones «para favorecer opciones e intereses políticos concretos», «realidad que algunos pretenden mantener a ultranza con independencia de evaluaciones jurídicas y democráticas».
En todo caso, Etxeberria insistió en que en el paso dado no hay «escapismos literarios» ni «un regate en corto». Se trata de una decisión «coherente» con los compromisos adquiridos en estos dos últimos años.
Han analizado «el contexto internacional, la evolución social y política de los últimos doce años -con Lizarra-Garazi como referencia-, la necesidad de un escenario de no violencia y democracia, las transformaciones que en clave económica, social y de valores se dan en la sociedad vasca, la evolución del marco autonómico, su agotamiento político y la exigencia mayoritaria de un nuevo estatus que respete la nación vasca y su legítimo derecho a decidir, o los activos y pasivos que la situación económica internacional puede proporcionar a aquellos y aquellas que queremos construir para Euskal Herria un proyecto económico y social justo y solidario».
De esta reflexión, la izquierda abertzale asegura haber sacado tres grandes conclusiones: por un lado, la apuesta por un proceso democrático que cierre «un ciclo de confrontación democrática» en los términos recogidos en el Acuerdo de Gernika; por otro, aboga por un cambio de cultura en el ámbito independentista que impulse la convergencia y la acumulación de fuerzas; y, en tercer lugar, «impulsa un nuevo proyecto político y organizativo marcando un punto de inflexión y superación de modelos anteriores».
En este camino, según explicó ayer Rufi Etxeberria, «no hay marcha atrás». «La izquierda abertzale, desde la reafirmación en sus objetivos independentistas y socialistas, en su apuesta por un cambio político y social, establece principios democráticos inequívocos para contribuir a la superación de cualquier tipo de violencia, a la consolidación de un escenario de paz y democracia, de vigencia real de los derechos individuales y colectivos», afirmó.
Etxeberria concluyó demandando «ante la comunidad internacional, medios de comunicación, personalidades aquí presentes y, especialmente, ante la sociedad vasca la legalización del nuevo proyecto político y organizativo». I.I.
