Tras una dinámica movilizadora en los últimos cinco meses, que ha conseguido sacar a la calle a unas 184.000 personas en distintas convocatorias, representantes del Movimiento por los Derechos Civiles en Euskal Herria comparecieron ayer en Bilbo para dar a conocer los pilares de esta iniciativa plural que echó a andar en diciembre en Durango. Lo hicieron en esta ocasión en el Kafe Antzokia, tomando como soporte una imagen de la asamblea espontánea que el 11 de setiembre reunió a cientos de ciudadanos y agentes para reivindicar, por encima de vetos judiciales, «todos los derechos para todas las personas».

El catedrático emérito de la UPV-EHU Periko Ibarra y la escritora Eider Rodríguez, en castellano y euskara respectivamente, se encargaron de explicar sus principales reflexiones, objetivos y plan de acción. Lo hicieron junto al activista social José Ramón Castaños y la sindicalista Mamen Romero.

Los niveles de movilización alcanzados, subrayó Ibarra, confirman la importancia capital de la participación ciudadana. «La ciudadanía de Euskal Herria -añadió Rodríguez- ha de implicarse directamente, de forma activa, para conseguir el cambio de ciclo que deseamos. Este país lleva demasiado tiempo estancado en dinámicas de violencia e imposición que bloquean e impiden crear un nuevo marco democrático en el que desarrollar libremente nuestra vida política y social».

Uno de los mensajes centrales transmitidos ayer fue el de que «la ciudadanía de Euskal Herria sea el principal protagonista colectivo del cambio a un nuevo estadio de pleno derecho y de soluciones, tomando para ello la iniciativa a través de la participación y la movilización social». Todo ello desde el propio seno de la sociedad vasca a la que se anima a autoorganizarse en barrios, pueblos, universidades y otros movimientos.

La escritora de Errenteria recordó en su alocución que hablaban desde el seno de la sociedad civil organizada, que cree que son sus integrantes «quienes deben definir cuáles son sus derechos individuales y colectivos, y protagonizar la exigencia de que los mismos se implanten y cumplan».

Periko Ibarra insistió en la importancia del momento histórico que nos ha tocado vivir. Apuntó que, tras la decisión adoptada por ETA de «detener su actividad conforme a lo exigido por decenas de agentes políticos, sindicales, sociales e internacionales», se corre el peligro de que los defensores del actual status quo rechacen denuncias sobre violaciones de derechos humanos que persisten. «Su argumento será muy simple. `En la medida que ha desaparecido el único violador de derechos humanos -ETA- se acabó el hablar de esos derechos. Ahora -nos dirán- es tiempo de partidos y gobiernos. Tiempo de la política ligada a los marcos legales existentes; algo que nada tiene que ver con derechos no regulados o reivindicaciones sin respaldo legal'», explicó, antes de remarcar que «estamos en contra de este discurso del poder».

«Afirmamos -enfatizó Ibarra- que tenemos razones muy sólidas para demandar otros derechos y denunciar las violaciones de los mismos. Ya no existirá la coartada de la violencia de ETA. Se acabó el discurso oficial de `mientras ETA siga matando no cabe hablar de vulneraciones de la ley ni de sus consecuencias'». Cuando por fin se han abierto posibilidades reales de cambio y se han dado pasos muy positivos en esa dirección, vemos que persisten actuaciones y conculcaciones de derechos que tienden a bloquear este proceso, a retardarlo, o a someterlo a las fluctuaciones de intereses partidistas o políticos».

Ante este discurso, desde este incipiente movimiento insisten en su exigencia de un escenario donde se garanticen el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a decidir libremente sin exclusiones ni vetos, «el derecho a un futuro en libertad y paz para todos y todas».

De ahí que Periko Ibarra enumerase a grandes rasgos los derechos individuales y colectivos que exigen sean respetados por el Estado español, «estén o no en la Constitución», y denunciarán su violación. Citó derechos «clásicos» como el de la vida, integridad, libertad electoral, reunión u opinión, pero dejando muy claro que denunciarán sus violaciones a través de redadas, incomunicación, torturas o aplicación de leyes de excepción.

También reclamarán otros derechos derivados de condiciones específicas de género, opción sexual o emigración, y también otros sociales en riesgo como el de trabajo, sanidad, educación o vivienda. «Los que hacen posible -incidió el que fue reconocido profesor universitario- el ejercicio de los otros».

En el ámbito de los derechos colectivos, Ibarra anunció que no se limitarán a aquellos que reconoce, y no cumple, la Constitución española de 1978. Señaló el derecho a decidir, a la autodeterminación, a la libre vertebración territorial, u otro que consideró como «incondicional», a la legalización de todas las organizaciones sociales y políticas que se comprometan con las vías pacíficas y unas normas básicas de convivencia.

Derechos de los presos

No fueron los únicos derechos colectivos que desde el Movimiento se pretende defender y animar a la ciudadanía vasca a hacerlo. Periko Ibarra añadió aquellos específicos de grupos objeto de graves vulneraciones, «como son las personas encarceladas, o las víctimas de la violencia asociada al conflicto político, sin distinción de signo».

Al inicio de la presentación, remarcaron las sucesivas movilizaciones contra redadas policiales, contra la tortura, por las libertades básicas, contra la reforma de las pensiones, por los derechos lingüísticos, en solidaridad con Aurore Martin, por los presos políticos vascos y por la legalización. Al concluir, Rodríguez dejó claro que es la sociedad organizada la que debe luchar por todos los derechos que su compañero de presentación se había encargado de citar. «Debe exigir el cumplimiento de los ya `legales', exigir la implantación legal de todos los derechos individuales y colectivos, así como denunciar la violación de los `legales' y de los que todavía están por legalizar. La sociedad civil -apostilló la escritora, en su papel de coportavoz- debe asumir que, a lo largo de la historia, el Estado sólo ha reconocido derechos cuando la sociedad se ha movilizado, la luchado, para lograrlos».

En el turno de preguntas, los periodistas interpelaron a los portavoces del movimiento sobre los resultados que pretenden lograr por vías pacíficas en confrontación con quienes defienden el actual status quo. Sin duda, entre las reflexiones, al margen de la importancia de que la sociedad civil se convierta en protagonista de la demanda de derechos, estuvo la de José Ramón Castaños, que habló de reivindicar «nuestra dignidad».

El activista social estimó que es «imprescindible que existan libertades democráticas, aunque lleve tiempo para lograrlas y obligue a movilizaciones intensivas».