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Vladimir Putin no se conforma con dachas, quiere palacios

Un misterioso palacio a orillas del mar Negro centra la última polémica desatada en Rusia, después de que un empresario afirmara que ha sido construido por el primer ministro, Vladimir Putin, algo que el Estado ruso niega, aunque documentos oficiales siguen alimentando la controversia.

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Maria ANTONOVA | AFP

Un complejo de varios edificios que incluye un suntuoso palacio de estilo italiano ha sido construido cerca de la pequeña aldea de Praskoveyevka, en la región de Krasnodar, a la que también pertenece Sochi, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

En diciembre, el empresario Sergei Kolesnikov, que asegura que participó en el proyecto, escribió una carta abierta al presidente ruso, Dimitri Medvedev, en la que afirmaba que el palacio había sido construido «para uso privado de Vladimir Putin». En la misma misiva, según publicó el diario británico «The Telegraph», Kolesnikov añade que «el coste del palacio es de mil millones de dólares. Los fondos han sido obtenidos mayormente mediante una combinación de soborno y robo».

La Administración del Kremlin, que gestiona los activos del Gobierno, ha negado categóricamente estar implicado en ese proyecto.

«Nosotros no previmos entonces y no prevemos ahora realizar ninguna construcción en este lugar», declaró a principios de febrero el jefe de Administración, Vladimir Kozhin, a la agencia Interfax.

La afirmación de Kozhin parece, sin embargo, estar en contradicción con un decreto del Ministerio del Desarrollo Económico que autorizaba la transferencia del 10% de este proyecto a un grupo público llamado Casa de reposo Touapse, que pertenece a la Administración del Kremlin.

Desvío de fondos

Ese decreto parece ratificar la denuncia de Kolesnikov que, además de indicar que él mismo participó en el proyecto hasta que fue despedido por denunciar corruptelas, desveló que se ha utilizado una empresa estatal para la construcción y que se han desviado «ilegalmente» fondos estatales para el proyecto.

El citado decreto, que data de 2008, enumera las partes del proyecto, que incluye un tramo de carretera construido con fondos públicos, un helipuerto, un «edificio de servicio» para 56 personas y un «edificio principal» de una superficie de 14.598 metros cuadrados.

El diario opositor «Novaya Gazeta» publicaba el lunes otro documento que sugiere la implicación de la Administración del Kremlin, ya según una copia del contrato original para la construcción del palacio, firmado en 2005, cuando Putin era presidente, por Kozhin. Ese contrato de inversión establece que la Administración del Kremlin posee el 30% del proyecto y que la Casa de Reposo Touapsé, tiene derecho a utilizar el terreno.

El ex director de Touapse Bolat Zakarionov dirige ahora un grupo más discreto, Indokopas, que, según Sergei Kolesnikov, es propietario del complejo.

De acuerdo con documentos oficiales, Indokopas está controlado por Nikolai Chamalov, una persona, según Kolesnikov, próxima a Vladimir Putin y que habría sido invitada a participar en el proyecto.

«La construcción de un palacio necesita cientos de personas. Alguien puede ser un zar, pero los decretos zaristas para proyectos como éste deben ser validados por las autoridades locales», señala Kolesnikov en una entrevista a AFP desde EEUU, con la esperanza de que otras revelaciones se sumen a las que ha realizado él.

Activistas de la ONG ecologista regional EWNC (Environmental Watch North Caucasus) que la pasada semana realizaron una visita al complejo fueron interceptados por agentes del FSO, el servicio federal encargado de proteger a los dirigentes rusos, y confiscaron sus cámaras. Consiguieron esconder un vídeo de trece minutos que ha sido colgado en Youtube y en el que se muestra el palacio y su altercado con las fuerzas de seguridad.

«La presencia de oficiales del FSO en un terreno que pertenece a un particular, Nikolai Chamalov, sólo confirma que Vladimir Putin pretende utilizar la residencia», sostiene un militante del grupo ecologista, Suren Gazarian, que afirma haber sido retenido durante seis horas por los agentes.

«Sus argumentos eran poco lógicos. Dijeron que habíamos irrumpido en una propiedad privada pero no explicaron la razón de su presencia allí», subraya.

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