La conmemoración, por primera vez en el Estado español, del Día Internacional de la Igualdad Salarial, demostró que los planes de igualdad entre hombres y mujeres reposan en las estanterías de las administraciones públicas y de las empresas. La discriminación no se ha reducido, sino que en plena crisis económica ha aumentado con mayores tasas de precariedad, más desempleo y trabajos peor pagados entre las mujeres.

ELA y LAB denuncian esa dura realidad y las dificultades para medir esa discriminación, puesto que los datos muestran que la brecha salarial va del 28% al 30% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero alcanza el 39% en Nafarroa.

En la Unión Europea se considera que «lograr la equiparación salarial es imprescindible», según el Comité Económico y Social de la UE y del Consejo de Europa, pero la realidad es que «a pesar de los avances legislativos, la brecha salarial entre mujeres y hombres asciende al 17,4%», y llega «al 30% para las mujeres de más de 50 años».

Origen estructural

Esta realidad demuestra que la desigualdad en Hego Euskal Herria duplica la media de la Unión Europea. En este sentido, el Comité Económico y Social observa que «la desigualdad salarial tiene origen estructural: segregación en sectores económicos poco valorados y en profesiones de baja retribución, mayor presencia en la economía sumergida y en los empleos precarios e irrupción o reducción de la vida laboral por motivos familiares. Estos elementos inciden de forma negativa en su nivel salarial».

Jone Bengoetxea, de ELA, dice que hay que «dignificar el empleo». Se calcula, además, que la participación de las mujeres en la economía sumergida alcanza al 42% de las ocupadas, según Zaloa Ibeas, de LAB. Las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones, elevarán esa discriminación, debido a que potencia el empleo parcial y las bajas cotizaciones. Sin la reforma de las pensiones, una de cada cuatro personas jubiladas entre los 60 y 64 años es mujer y de las que se jubilan con 65 años «tienen de media 30 años cotizados, frente a los 41 años de los hombres, lo que «supone una penalización para nosotras», según Isabel Castro, de ESK.

Emilia Málaga, secretaria de Igualdad de UGT Euskadi, pidió implicación al Gobierno de Lakua y destacó que «esa diferencia perjudica a las mujeres por triplicado, dado que la menor obtención de recursos se traduce en menores cotizaciones, lo que significa menores prestaciones por desempleo y pensiones más bajas».