El PP también se ha sumado al coro de los que piden «salvar» Chillida Leku. Su proposición no de ley pidiendo al Gobierno español implicación en la apertura y estabilidad del proyecto museístico es la última de una serie de noticias sobre las negociaciones entre la familia y las instituciones. Se habla de 80 millones de dinero público en unas negociaciones que, en nombre de la «discreción», están desarrollándose sin luz ni taquígrafos. El dinero del que se habla es de todos, y la cantidad que está en juego es lo suficientemente significativa como para dejarla en manos de una familia, aunque sea la de Chillida. Quieran o no quieran, al final van a tener que ceder en su postura y desistir del propósito de tener un control sobre las obras y la gestión. Que Chillida Leku es un referente cultural y un bien material muy importante es evidente; que debe ser «salvado» puede ser más discutible, pero parece necesario. Lo que no es de recibo es que, después de dejar hundir el proyecto, pidan ahora dinero público para salvarlo y, además, pretendan un control. Rescatar con dinero público Chillida Leku implica que el control y la propiedad sean públicas. Cualquier otra alternativa sería sencillamente obscena.