Ayer se cumplieron 30 años de la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados. Hubo celebración oficial y una tormenta de declaraciones, casi todas basadas más en la anécdota que en la búsqueda de los datos reales («esto se está recordando como un episodio de `Cuéntame' y no como algo que requiere análisis profundo», se quejaba un tertuliano). En cualquier caso, de todos los testimonios escuchados se desprende que verdades oficiales como el papel de Juan Carlos de Borbón o el supuesto fracaso del golpe siguen teniendo grandes lagunas.

La «miopía» del Cesid

Las declaraciones más contradictorias dentro del revival de las últimas horas son quizás las realizadas ayer por el general Javier Calderón, que era número dos del espionaje español en febrero de 1981. En la Cadena Ser, insistió en defender la tesis oficial de que el Cesid nunca supo absolutamente nada de lo que se preparaba. Sin embargo, al mismo tiempo dejó caer que conocían muy bien a Antonio Tejero («cuando vimos que quien entraba en el Congreso tenía bigotes respiramos, porque era una persona sin prestigio»). Y también subrayó sus sospechas de que la Embajada de Estados Unidos sí conocía aquella maniobra, lo cual contrasta aún más con la supuesta «miopía» de los espías españoles. En concreto, citó que la Embajada estadounidense en Madrid había pedido un avión AWAC de comunicaciones diez minutos antes del «tejerazo», dejó caer que el jefe de la delegación (Terence Todman) tenía experiencia en otros golpes como el de Chile, y concluyó que «daría algo de mi vida» por saber si la CIA tuvo algún tipo de implicación.

Un secreto a voces

Prácticamente todos los que vivieron desde dentro el golpe coinciden en que en aquellas fechas había un consenso muy amplio para formar un gobierno de concentración liderado por un militar. Una tesis que no es contradictoria, sino más bien compatible, con el intento del general Alfonso Armada de usar la aparentemente caótica irrupción de Tejero como excusa para tomar el poder, en la medianoche del 23 al 24.

En los testimonios se acumulan datos que remarcan que el golpe era un secreto a voces. Se dice que Adolfo Suárez había dimitido como presidente del Gobierno español precisamente para forzar un relevo natural (por Leopoldo Calvo Sotelo) y taponar así la vía militar. También consta que Juan Carlos de Borbón había criticado públicamente a Suárez. Existía el precedente de la Operación Galaxia, un intento militar frustrado dos años antes. Las apelaciones públicas a la intervención militar contra el proceso autonómico y contra ETA eran constantes. Y mandos militares se habían reunido incluso con Enrique Múgica Herzog, por aquel entonces responsable de asuntos de Defensa del PSOE, para transmitir su «preocupación». Y, pese a todo ello, según el relato oficial vigente tanto el Cesid como el Rey y el propio Suárez se vieron sorprendidos por el hecho.

¿A qué esperó Juan Carlos I?

Sabido es que el desenlace de aquella jornada se utilizó para legitimar la figura de Juan Carlos de Borbón, designado a dedo como sucesor por Franco. Sin embargo, llama la atención que ninguno de los testimonios de las últimas horas haya probado con alguna contundencia que se opusiera férreamente al golpe desde el primer momento. Se le alaba más bien por omisión -no haberse alineado con los sublevados- que por acción. Así, el domingo en ``El País'' el entonces presidente del Gobierno provisional, Francisco Laína, decía que «el Rey me puso en alerta: ¡Cuidado con Armada!», pero que eso ocurrió a las 19.45, es decir, después de que Tejero secuestrara a los diputados. Junto a ello, Calderón argumentaba ayer que la simple permanencia de Borbón en La Zarzuela debe tomarse como síntoma de que se oponía al golpe, ya que en caso contrario «se hubiera ido de caza». Y Felipe González se limita a señalar que en aquella tesitura «el fiel de la balanza lo inclinaba el jefe del Estado y se inclinó para la parte buena».

El dato objetivo es que Armada había sido su tutor y que el monarca español no apareció en televisión hasta la 1.14 de la madrugada, cuando incluso las ediciones de algunos periódicos habían declarado frustrado el intento. Se alega que pasó las seis horas anteriores haciendo balance de la situación y conversando con los mandos militares de las diferentes regiones. Pero todos quienes hablaron con alguien de Zarzuela en esas horas de indecisión, como el entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea, remarcan que no obtuvieron respuestas seguras y que reinaba una confusión total.

La tesis de la «chapuza»

También llama la atención la insistencia en restar importancia a aquel episodio afirmando que se trató sólo de una «chapuza», versión que apoya su credibilidad en el comportamiento errático de los de Tejero. Según José Bono, un cabecilla de los asaltantes llegó a decir que estaba en La Moncloa, no en el Congreso. Y se anunció la llegada de una «autoridad militar competente», que nunca se produjo.

Parece claro que alguien le dejó tirado, que Tejero se llevará el secreto a la tumba y que la tesis de la «chapuza» viene bien a casi todo el mundo. Ayer mismo, Armada decía en Onda Cero que «casi lo que más me duele es que piensen que yo podía hacer esas chapuzas, porque creo que tengo un poco más de cabeza para haber organizado las cosas mejor». Sin embargo, todos los análisis medianamente serios sostienen que un guardia civil como Tejero, que llevaba la obediencia en sus genes, en ningún caso pudo actuar por su cuenta.

Un banquillo limitado

Si alguien esperaba un castigo ejemplarizante por aquellos hechos, lo que ocurrió fue justo lo contrario. De hecho, ya había ocurrido con la Operación Galaxia, por la que a Tejero se le impusieron únicamente siete meses de cárcel. En el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por el 23-F, sólo fueron condenados a 30 años, como principales responsables, Jaime Mi- lans del Bosch -que sacó los tanques en Valencia-, Armada y Tejero. Hubo castigos menores para otros dieciséis guardias civiles y diez militares más que habían participado en la asonada. José Luis Cortina, dirigente del Cesid, quedó absuelto por falta de pruebas, con lo que salió impune todo el servicio de espionaje. El único civil condenado fue el ex dirigente de los Sindicatos Verticales del franquismo Juan García Carrés. El diario ``El Alcázar'', señalado como instigador directo, tampoco sufrió sanción alguna: cerró por crisis de ventas en 1988.

Que no estaban todos los que eran quedó claro cuando los hechos se declararon prescritos y aparecieron algunas confesiones más de personas que no habían sido imputadas.

En su día el dirigente del PSOE Alfonso Guerra afirmó que había 150 horas de grabaciones sobre aquellos hechos, pero nunca han aparecido. Lo que se remarca es justo lo contrario, que aquel fue un golpe «sin papeles», que no dejó huella alguna.

Beneficios penitenciarios

Destacan también los beneficios penitenciarios aplicados a los condenados, de forma generalizada. El último en salir de prisión fue Tejero, en 1996 aunque llevaba en tercer grado desde 1993, de modo que apenas cumplió la mitad del castigo impuesto. No se le impidió la actividad política; al contrario, en 1982 organizó desde prisión un partido de ultraderecha, Solidaridad Española, que hizo campaña con un lema inefable: ``Entra en el Congreso con Tejero''. Ya en 2006 publicó una carta en prensa contra el Estatut catalán.

En cuanto a Armada, pasó algo más de siete años en prisión; el Gobierno del PSOE le indultó el día de Nochebuena de 1988 argumentando razones de salud y añadiendo que acataba la Constitución española.

Milans del Bosch, capitán general, reincidiría en 1982 al participar desde prisión en otra intentona menor frustrada. Nada de ello impidió que ocho años después fuera indultado también, esta vez por su edad (75 años). Murió y está enterrado en el Alcázar de Toledo.

Euskal Herria, telón de fondo

Los militares tenían en su punto de mira muy directo a Euskal Herria. La acción armada de ETA era el argumento principal en todos los corrillos golpistas. Tejero había estado al mando de la Comandancia de la Guardia Civil en Gipuzkoa, donde protagonizó incidentes como pedir instrucciones sobre si debía rendir honores a la ikurriña. En ese mismo mes de febrero, oficiales del Ejército habían puesto el grito en el cielo por que el Gobierno de UCD pidió algunas tibias explicaciones sobre la muerte de Joxe Arregi, torturado en dependencias policiales. En aquellos mismos días ETA mató al ingeniero de Lemoiz José María Ryan y secuestró a tres cónsules, a los que luego liberó. La tensión, por tanto, era enorme.

Tras el golpe se publicó que había ya una lista para fusilar a 200 ciudadanos vascos: políticos, periodistas y otros profesionales. Aquella tarde cada cual se lo tomó como pudo. Se ha escrito mucho sobre quienes intentaron marcharse, pero poco sobre quienes no se arredraron. Mikel Arizaleta recordaba ayer en izaronews.info que «un puñado prieto de representantes de partidos y movimientos de izquierda se reunieron en el bar Larrabetzu de Bilbao la Vieja para programar la noche y la lucha del día siguiente. Como remate de discusión, análisis y charla: `Ni un paso atrás', se pegaron carteles en el Arenal y alrededores. Coches de policías camuflados rebañaban el cuello con sus dedos en señal de triunfo y amenaza. Tuvieron que huir ante las pedradas de los revolucionarios. Jon Idigoras, en representación de Herri Batasuna, fue uno de los participantes».

¿Un fracaso o un éxito?

Con todo, la pregunta clave para arrojar luz sobre el golpe fue a quién benefició. La historia oficial lo presenta como un «fracaso», pero desde Euskal Herria siempre se ha recordado que marcó los límites de hasta dónde podía llegar la reforma política. Garaikoetxea recuerda que después se aprobó la LOAPA, que recortaba el proceso autonómico y sería declarada parcialmente inconstitucional. El Amejoramiento tuvo que adaptarse a ella, aunque ya había nacido torcido por la exclusión abertzale. Año y medio después, el PSOE tomó el Gobierno y «descubrió» a la Guardia Civil. Y en 1983 surgieron los GAL.