El mismo día en que Grecia vivía su undécima huelga general en un año, y ésta se saldaba con una amplísima incidencia y fuertes enfrentamientos en la calles, la Comisión Europea informaba que «de momento» no enviará una misión al Estado español para evaluar su situación presupuestaria y económica. El pueblo griego demostró que la resignación y la capitulación ante una agenda que no conoce descanso no es una opción. En el Estado español, a falta de una contestación popular organizada, su dócil sumisión a las exigencias alemanas no presenta otras opciones. Más pronto que tarde pasará por la consulta de la doctora Merkel y deberá aceptar sus recetas si quiere seguir teniendo acceso a un apoyo financiero condicionado y limitado, es decir, al crédito exterior.

Que la mayor economía, el mayor acreedor y contribuyente al presupuesto de la Unión Europea debe tener un papel central en cualquier solución europea parece fuera de toda duda. Pero ello no significa que todos los estados deban seguir unas reglas made in Germany, a beneficio de la pujante economía alemana. Hay países que necesitan estímulo fiscal para crecer y poder pagar su deuda, otros necesitan inversión pública en educación e innovación para ser más competitivos. La idea de austeridad fiscal no puede imponerse como un dictado. Máxime cuando exige demasiado, y de retorno no ofrece lo suficiente.

Por ello, no resulta extraño que las críticas le vengan desde todos los lados. También a nivel doméstico la constitucionalidad de sus medidas está en entredicho. Todos tienen sus razones para la crítica. Los países occidentales de larga tradición europea, los recién llegados del este, los estados pequeños y los grandes, los fuertemente endeudados países del sur y los fiscalmente disciplinados del norte, todos tienen sus razones para la crítica. Convertir el plan y la lista de deseos alemanes en un acuerdo europeo que funcione requerirá tiempo. Y, como con el Yeti, acostumbrarse a que todo el mundo hable de él aunque no resulte familiar para nadie.