La venta de terrenos agrícolas públicos a inversores extranjeros o privados del país suscita en Mali, al igual que en otras partes de África, una gran controversia, ya que los agricultores locales, que ya han comenzado a protestar, acusan al Estado de dejarles de lado a la hora de vender esas tierras.

En ese desértico país, la mayor parte de las tierras cultivables están bajo la tutela de una institución pública, la Oficina del Níger.

Creada en 1932 bajo la colonización francesa, esta superficie de regadío, una de las más antiguas y extensas de África Occidental, se encuentra en el delta interior del río Níger. Comprende 960.000 hectareas de tierras, 100.000 de las cuales están acondicionadas principal- mente como arrozales que dan trabajo a 35.000 campesinos, en el marco de la estrategia del presidente, Amadou Toumani Touré, de alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

«La Oficina del Níger no tiene una política de gestión de la tierra», denuncia Oumar Mariko, líder de Solidaridad para la Integración y el Desarrollo de África (SADI, en la oposición), uno de los primeros en criticar la cesión de tierras a través de operaciones opacas.

Según aseguró, «estamos asistiendo a la entrega de nuestra soberanía a operadores que desarrollan sus actividades principales fuera de la agricultura».

La privatización de tierras es una cuestión sensible en multitud de países del continente africano. En Madagascar, las negociaciones en 2009 entre el Gobierno de Marc Ravalomanana y la surcoreana Daewoo para cederle gran parte de las tierras cultivables del país habrían contribuido al golpe de Estado en su contra meses más tarde.