En diciembre de 2004 el Ayuntamiento de Iruñea adjudicó a la UTE ACR-COMSA las obras de rehabilitación del Palacio del Condestable, por un importe de 8,4 millones de euros. Esta cuantía se vio incrementada finalmente en otros 4,1 millones, lo que supone un 48,6% más sobre el precio inicial. Este desvío presupuestario supone duplicar sobradamente lo marcado por la Ley de Contratos, que fija un límite máximo del 20%.

En setiembre de 2006 la Cámara de Comptos ya advirtió sobre estas desviaciones y sobre la «falta de control y supervisión» del Ayuntamiento. También los concejales independentistas, Mariné Pueyo y Mikel Gastesi, han venido denunciando la «irregular» tramitación del expediente del Palacio del Condestable, un edificio histórico -fue sede episcopal y municipal-, situado en la confluencia de las calles Mayor y Jarauta. Es el único exponente de arquitectura civil de Iruñea del siglo XVI.

La izquierda abertzale ya había venido advirtiendo del incremento «injustificado» del importe de la obra y de la ausencia de control del gasto. Sus denuncias fueron ratificadas por el Consejo de Navarra mediante un dictamen emitido el 22 de noviembre del pasado año, si bien el equipo de gobierno de UPN lo ha mantenido oculto hasta la semana pasada.

Además, este informe fue solicitado por el equipo de Barcina en setiembre de 2010, cuando ya había realizado la liquidación final de las obras del Condestable, a pesar de que la ley exige que se haga con carácter previo.

El Consejo de Navarra -máximo órgano consultivo del herrialde, que vela por el cumplimiento de la legislación-, señala en este dictamen que el Ayuntamiento «debió parar» las obras del Condestable en el año 2006, cuando el sobrecoste de las mismas ya era del 39,2%.

Sin embargo, el equipo de Yolanda Barcina realizó una modificación contractual sin cumplir el procedimiento legalmente establecido, «requisito imprescindible -recuerda el Consejo de Navarra- para su legalidad».

Barcina y Enrique Maya

A la vista de este informe, los ediles independentistas han denunciado la «actitud chulesca e irresponsable» de Yolanda Barcina y Enrique Maya, responsable de la política urbanística de la ciudad y candidato de UPN a la alcaldía de Iruñea en las próximas elecciones municipales.

«Este incumplimiento de lo exigido por la legislación vigente en materia de contratación demuestra una osadía y un desprecio desmedido hacia el cumplimiento de la legalidad por parte de quienes presumen todos los días de su cumplimiento», afirman Pueyo y Gastesi.

A la vista de la «gravedad» de los hechos y de las irregularidades confirmadas por el Consejo de Navarra, los concejales de la izquierda abertzale van a solicitar a la Fiscalía que inicie una investigación para determinar si ha existido algún tipo de delito, «al haberse vulnerado la legalidad vigente». En ese caso, pedirán que se depuren las posibles responsabilidades penales.

Junto a ello, ambos ediles han denunciado el «ocultismo» en el hacer político de UPN y han pedido la comparecencia de Yolanda Barcina para que explique en el Pleno los motivos de estas actuaciones irregulares.

Los otros dos grupos representandos en el Ayuntamiento de Iruñea, NaBai y PSN, también han pedido dimisiones en el equipo de UPN por su actuación en el proyecto del Condestable.

En nombre de NaBai, el concejal Iñaki Cabasés ha calificado de «demoledor» el informe del Consejo de Navarra y ha anunciado que exigirán responsabilidades en un próximo pleno municipal. «Es absolutamente imprescindible -afirma- que el equipo de gobierno asuma la responsabilidad política que corresponde a este dictamen, que viene a decir que se ha incumplido todo lo que la ley dice que hay que cumplir».

Por su parte, el PSN tenía previsto registrar ayer mismo una moción para pedir dimisiones de los responsables de la gestión urbanística en el pleno que se celebrará este viernes, pero Jorge Mori explicó que se ha pospuesto la iniciativa para una fecha en la que estén presentes todos los concejales.

La Corporación municipal está integrada por 13 miembros de UPN, 8 de NaBai, 4 de PSN y 2 de la izquierda abertzale. Teniendo en cuenta que Uxue Barkos va a estar ausente debido al cáncer de mama que padece, entre los tres grupos que han denunciado la actuación de UPN no podrían alcanzar la mayoría.

También exige dimisiones en UPN la coalición Izquierda-Ezkerra, tras recordar que el desvío de los 4,1 millones de euros fue ocultado en fechas electorales por el «coste político» que podía suponer para UPN.