Las detenciones practicadas en la madrugada de ayer por la Guardia Civil en Bilbo y Galdakao fueron presentadas por el ministro de Interior español como una muestra de inmovilidad de su Gobierno y como una oportunidad para la izquierda abertzale de desmarcarse de la violencia. Ese enésimo anuncio de inmovilidad está fuera de lugar en el contexto de cambio que vive Euskal Herria, y más aún el emplazamiento a un sector político firmante del Acuerdo de Gernika como si las detenciones fuesen un acto violento de los detenidos, lo que no es más que un burdo intento de dar la vuelta al razonamiento lógico de la realidad, que en estos momentos se concreta en una situación en la que las únicas personas cuya integridad corre peligro son quienes se encuentran incomunicadas en dependencias policiales.

Sin embargo, la sucesión de hechos y declaraciones sí responde a una lógica, aunque sea perversa. Una de las variables a tener en cuenta a la hora de acometer una operación policial contra un comando de ETA es la de la oportunidad. Cuando pueden, las FSE esperan a poder obtener de las personas investigadas el mayor número de datos posibles para conocer sus contactos. En otras ocasiones, la posibilidad de una acción inminente puede llevar a desencadenar los arrestos, posibilidad que en este caso queda descartada. Sobre las detenciones practicadas ayer cabe preguntarse: ¿por qué ahora?

En cualquier caso, éste y otros intentos de deformar y manipular la realidad no pueden obviar las demandas de la mayoría social vasca, ni la posición de los firmantes del Acuerdo de Gernika ni su hoja de ruta y las peticiones cuyo cumplimiento la harán posible. Unos han respondido positivamente a esas peticiones y otros, como el Gobierno español, las han ignorado. Aun así, ese Gobierno se encuentra ahora ante la oportunidad de demostrar que está dispuesto a empezar a actuar conforme a los procedimientos propios de un Estado de Derecho, en este caso de un modo tan elemental como sería respetar la integridad de los ayer detenidos.