Acribillan a otro dirigente opuesto a la ley antiblasfemia en Pakistán
El ministro paquistaní de Minorías Religiosas, el cristiano Shahbaz Bhatti, murió tiroteado en Islamabad en un atentado que la Policía imputa a Al-Qaeda y a los talibanes paquistaníes. Militante por la supresión de la pena de muerte por blasfemia, Bhatti ha corrido la misma suerte que el gobernador del Punjab acribillado hace dos meses por uno de sus guardaespaldas.
GARA |
Tres o cuatro hombres armados a bordo de un automóvil blanco dispararon contra el vehículo de Shahbaz Bhatti en un barrio exclusivo de la capital, Islamabad, cuando salía de casa de su madre, informó AFP. Según una fuente policial citada por Efe, Bhatti recibió veinte balazos y sucumbió a sus heridas.
La Policía anunció el hallazgo de una carta-reivindicación en el lugar del ataque en nombre de Al-Qaeda y de la facción punjabí de los talibanes paquistaníes y aseguró que el ministro de Minorías Religiosas, el único cristiano del Gabinete, había pedido a su escolta habitual que le esperara en su despacho y no fuera a buscarle a la vivienda de su familia.
Un desenlace anunciado
Esta muerte tiene lugar en plena controversia en el país musulman en torno a la enmienda de una ley que prevé la pena de muerte por blasfemia y dos meses después de la muerte en atentado de un gobernador que asumió la defensa de una cristiana condenada a la pena capital por haber insultado al profeta Mahoma.
El atentado mortal contra Bhatti ha provocado una cadena de reacciones de condena y de exigencia de promover esa reforma en Occidente, desde la ONU hasta la Unión Europea pasando por el Vaticano.
El 4 de enero, Salman Taseer, gobernador del Punjab, la provincia más poblada del país, murió tiroteado delante de un complejo comercial de la capital paquistaní por un policía del comando de élite encargado de su protección.
El autor del atentado, que invocó el hecho de que Taseer defendía a Asia Bibi, la cristiana condenada por blasfemia, y que se había convertido en el valedor de la reforma legal, se ha convertido en un héroe a ojos de gran parte de la población. Desde entonces, las manifestaciones de apoyo al policía y hostiles a la modificación de la ley son cada vez más frecuentes.
Shahbaz Bhatti, quien era a su vez uno de los más decididos defensores de la reforma y multiplicaba sus denuncias sobre las violencias e intimidaciones de que es objeto la minoría cristiana, había declarado a la BBC, que recibía múltiples amenazas, pero que no conseguirían intimidarle.
Tras la muerte del gobernador punjabí, tanto Bhatti como la ex ministra de Información Sherry Rehman -que extremó desde entonces las medidas de seguridad-, todos ellos del gobernante Partido Popular Paquistaní (PPP), quedaron al frente de la cara visible del liberalismo paquistaní. «Sé que puedo ser asesinado si sigo presionando, pero no tengo miedo», había manifestado Bhatti a la agencia Efe después de la muerte de Salman Taseer, y aunque su Ejecutivo cedió a la presión islamista, el ministro cristiano reiteró su voluntad de reformar el Código Penal.
Los cristianos representan menos del 2% de los 170 millones de habitantes censados en Pakistán. Son mayoritariamente pobres y perseguidos.
La ley antiblasfemia establece la pena de muerte para quienes insulten al Islam. Según Bhatti y los sectores más liberales y defensores de los derechos humanos, esta norma ha sido utilizada para perseguir a las minorías religiosas.
El Gobierno paquistaní ha dado marcha atrás en su proyecto de enmendar la ley sobre la blasfemia. Las presiones occidentales e incluso estos atentados pueden poco frente a la opinión de la mayoría de la población musulmana, rigorista hasta el extremo.
El Ejecutivo, debilitado por una corrupción rampante, una crisis económica sin precedentes y una oleada de atentados suicidas del movimiento talibán, es incapaz de sacar del espacio público a los imames y a los dirigentes de partidos islamistas rigoristas que no dejan de llamar abiertamente a matar a los que defienden tal reforma.
El régimen aparece atado, por un lado, a las exigencias de Washington en su «guerra al terror» -exigencias relacionadas con sus contrapartidas económicas- y, por otro, a una calle a punto de estallar.
Tras la muerte del gobernador del Punjab ya se apuntaba la marcha atrás del Ejecutivo, que habría dejado solo y a su suerte a su ministro de Minorías Religiosas en la defensa de la derogación de la pena de muerte por blasfemia. Ésta no ha sido aplicada oficialmente desde 1986, aunque ONG denuncian que decenas de paquistaníes han muerto apaleados en prisión o linchados en las calles acusados de ese «delito».
Los defensores de la derogación de la pena de muerte están ya convencidos de que el Gobierno proseguirá con su marcha atrás. Le reprochan no enfrentarse abiertamente a la presión de los sectores más rigoristas del Islam político. «Condenará durante unos días el atentado y luego lo olvidará, como hizo con Taseer», aseguran. GARA
