El sistema financiero islandés se derrumba en otoño de 2008. La deuda es diez veces superior al PIB. La bolsa se precipita un 70%. El Gobierno aumenta las tasa de interés a un 18% para obtener un préstamo del FMI. La gente pierde los ahorros, enfrenta hipotecas insalvables y la inflación y el desempleo aumentan vertiginosamente. En el país más desarrollado del mundo los pobres forman colas para alimentarse.

Un joven libertario coloca una bandera amarilla con el sonrosado cerdito hucha de los supermercados Bonus en el asta del Parlamento. La imagen abofetea a los islandeses. Las protestas se generalizan, vuelan huevos y yogures y la policía carga después de sesenta años. ¡Viva la revolución de la sartén! El Gobierno derechista, incompetente, dimite y una coalición integrada por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde obtiene una aplastante victoria. Nacionalización de entidades en quiebra, destitución del gobernador del Banco Central y emisión de órdenes de arresto internacional contra los responsables. Una ley parlamentaria propone la devolución de la deuda de 4.000 millones de euros en 15 años al 5,5% y la iniciativa popular la lleva a refrendo. En marzo de 2010 el 93% de los ciudadanos islandeses se niega a aceptarla por entender que los sumiría en la miseria. El Gobierno británico interviene cuentas aplicando la ley antiterrorista a Islandia. Gordon Brown, el color de la caca, reza el eslogan. Irrumpe el Mejor Partido para hacer de la capital un lugar más divertido. Anarco-surrealismo de viejos punk que prometen «transparencia sostenible». 34,7% de los sufragios y un pacto con la Alianza Socialdemócrata garantizan la alcaldía de Reykiavik para su candidato.

Islandia, laboratorio social. El pueblo soberano establece una asamblea constituyente con 25 ciudadanos elegidos de entre los 523 que han presentado candidaturas. Requisito, contar con el apoyo de 30 personas. Según su presidenta se trata de «consagrar la propiedad nacional de los recursos naturales», de «abrir un nuevo capítulo en la participación pública» y de establecer un marco jurídico que garantice la libertad de expresión e información. Los medios de comunicación europeos enmudecen.

El pasado febrero la Asamblea Constituyente debería haber comenzado a elaborar el proyecto de Carta Magna, pero la Corte Suprema ha bloqueado el proceso aduciendo fallos de procedimiento. La clase política islandesa intenta zanjar la cuestión de la deuda aprobando, tras renegociar las condiciones de pago, otra ley para indemnizar a los inversores. Los medios europeos informan aliviados del tímido repunte del consumo y de la rápida reconstrucción de la estructura financiera y económica. Y se aduce que la reducida población de Islandia es la ideal para realizar experimentos sociales de base. Pero el escarmiento que han tenido los corruptos gestores políticos y financieros de los grandes estados ante las posibilidades que de facto abre un movimiento horizontal y participativo ha sido tal que se debe reconsiderar la vía directa de la democracia, máxime cuando instituciones originarias como las vascas ya prevén mecanismos de poder popular similares.