Decenas de familiares y allegados de los últimos detenidos por la Guardia Civil y la Policía francesa, junto a representantes del movimiento pro amnistía, ofrecieron ayer en Bilbo una rueda de prensa para valorar la enésima escalada represiva en Euskal Herria. Tras una pancarta con el lema «Atxilotuak askatu! Torturarik ez. Aski da», su portavoz, Julen Orbea, trató de situar el momento político en el que se producen estas operaciones policiales y no ocultó la preocupación que embargaba a los reunidos por el trato que estén recibiendo especialmente los cuatro bilbainos en manos del instituto armado español.

Orbea consideró que «es innegable» que la situación política que se vive en Euskal Herria «es especial», tal y como se ha venido repitiendo en los últimos meses por parte de diferentes agentes políticos, sociales y sindicales. «Mes a mes, el trabajo en común de muchos agentes, la movilización en las calles, la agenda internacional y las decisiones de la organización ETA -enumeró en su alocución- han situado a nuestro pueblo a las puertas de un nuevo ciclo».

Resaltó que «se han puesto las bases para desarrollar un proceso real, apoyado en el compromiso y que marcha materializándose en hojas de ruta». Tal y como se anunció el sábado pasado en el frontón Atano III de Donostia, los firmantes del Acuerdo de Gernika -entre los que se encuentra el movimiento pro amnistía- apuestan por empezar a cumplir esa hoja, «pero hoy por hoy -criticó Julen Orbea-, la represión es el único punto de las agendas de los gobiernos de Madrid y París».

«Los que estamos por una solución real al conflicto político que vivimos, tenemos que fortalecernos adquiriendo compromisos colectivos que multipliquen la movilización popular y, en todos los ámbitos, organizarnos para hacer frente a la represión. Hagamos un movimiento popular activo, que con inteligencia y compromiso desactive las prácticas represivas», señaló.

El portavoz de los reunidos en un céntrico hotel de la capital vizcaina aclaró que su compromiso les lleva a la solidaridad y a la respuesta amplia contra la escalada represiva, al tiempo que interpelan directamente a sus responsables; en este caso los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolas Sarkozy. Además, consideró que un elemento clave en esta estrategia es la movilización y la activación popular, por lo que llamaron a salir a la calle en las diversas convocatorias previstas para los próximos días.

Antes, mostró su preocupación por la situación de incomunicación que padecen Daniel Pastor, Beatriz Etxebarria, Lorena López e Iñigo Zapirain, lo que confesó «nos lleva a encender todas las alarmas». Tomando como base los testimonios de anteriores apresados por la Guardia Civil, con «brutales actuaciones», familiares y allegados se mueven entre el desasosiego y el temor «con el mero hecho de imaginar las salvajadas a las que podrían estar siendo sometidos». «La Guardia Civil utiliza la tortura contra los independentistas detenidos. Estas torturas son sistemáticas y tienen un claro objetivo político», apostilló, antes de recordar los 64 casos denunciados el año pasado por Torturaren Aurkako Taldea (TAT) ante diversas instancias internacionales.

Acusaron al Estado español de estar poniendo sobre la mesa la más brutal de las violencias semana tras semana. «Alimentan el debate sobre la violencia, poniendo la utilización de la violencia sobre el tejado del otro, pero en la práctica, a escondidas, en el silencio de la impunidad, se deciden en los despachos de La Moncloa las más salvajes torturas que luego se llevan a cabo en las comisarías», declaró Orbea.

Responsabilidad del PSOE

Para el movimiento pro amnistía, el PSOE es el responsable de lo que les esté pasando a los cuatro jóvenes de Bilbo en manos de la Guardia Civil, como lo es de los 64 casos de torturas denunciados en 2010, y de tantos otros que se han ido repitiendo en los últimos años.

No se quedaron ahí en su reflexión, ya que calificaron de «lamentable» que el PNV haya aplaudido las detenciones por boca de su presidente, Iñigo Urkullu, o del portavoz en el Congreso español, Josu Erkoreka, «cuando sabe perfectamente que es habitual la denuncia de salvajes malos tratos en este tipo de detenciones. ¿Van a alzar la voz si los detenidos denuncian torturas?», se preguntaron.

Precisamente ayer, de nuevo un burukide, en este caso el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, manifestó a la agencia Europa Press que iban a estar «atentos a todas las informaciones y a la tramitación judicial de este asunto, pero, en todo caso, quitar de la circulación pistolas y explosivos es una buena noticia». No hubo por tanto ninguna valoración crítica y menos acerca del trato que puedan estar recibiendo Pastor, Etxebarria, López y Zapirain.

En la comparecencia de Bilbo, Orbea recordó también a los medios que los jóvenes independentistas que la semana pasada se encerraron en Izpura, arrestados sucesivamente por la Policía francesa los dos últimos días, marcharon de sus casas por miedo a ser torturados. «Sus nombres aparecieron en declaraciones tomadas bajo torturas, y sabían que estaban ante el peligro de sufrir esa cruel práctica», explicó, después de resaltar que son perseguidos por su militancia política pública.

La represión política, enfatizó, tiene objetivos claros. «Por un lado -comentó-, está el objetivo de castigar a las personas que deciden levantarse en contra de la opresión estructural que vive Euskal Herria, como hemos conocido a lo largo de la historia de nuestro pueblo. En el disparadero de la represión política se han encontrado siempre militantes políticos que, utilizando diferentes métodos o caminos, le han plantado cara a esa represión estructural».

Y así incidió el portavoz en su análisis sobre la represión política: «Las personas que se han organizado en defensa de los derechos de Euskal Herria han pagado con esposas, torturas y cárcel. Al fin y al cabo, otro objetivo de los estados ha sido siempre desde hace décadas, siglos, intentar atemorizar, humilla y arrodillar a este pueblo».