Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas conocida como la Ley Sinde, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias. La nueva normativa que permitirá por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, podría ponerse en marcha de forma operativa este verano, según adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el pasado mes de febrero.

Fue el pasado 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta disposición final de la Ley de Economía Sostenible, con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU; 19 en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC; y una abstención.

La ley era así respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, que anteriormente -el pasado 21 de diciembre de 2010- , la había rechazado en la Comisión de Economía, pero que consiguió ser rescatada en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

La Ley Sinde comenzó su andadura en noviembre de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero presentó el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en la que se preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidirá sobre el cierre de páginas web sin orden judicial. Desde ese momento y hasta ahora, las movilizaciones en internet y en las calles en contra de la Ley Sinde han sido masivas, incluso cerca de 2.000 usuarios de la red social Facebook respaldaron un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en la red y en contra de las modificaciones que proponía la Ley.

Sin convencer a internautas

La ministra de Cultura no ha conseguido convencer a los internautas, ni siquiera cuando aseguró que «ningún ciudadano será desconectado de la red sin la intervención de un juez».

Incluso el ya ex presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, se reunió con diversos sectores implicados antes de que la ley fuera aprobada en el Congreso. El 25 de enero anunció su dimisión por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado entre los partidos políticos.