Denuncias de malos tratos
Segunda condena europea a Madrid por obviar la tortura
El Tribunal de Estrasburgo censura al Estado español por no investigar la denuncia interpuesta por Aritz Beristain en 2002, pese a que existían partes médicos que constataban lesiones. Entre otras cosas, el donostiarra detalló que los guardias civiles le introdujeron un objeto por el ano.
GARA | GASTEIZ
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha condenado al Estado español a indemnizar con 23.000 euros a Aritz Beristain, detenido en 2002 en Donostia por su presunta participación en acciones de kale borroka. La Corte de Estrasburgo ha establecido que las denuncias de torturas que planteó el arrestado no fueron investigadas adecuadamente.
Según se desprende de la sentencia, Aritz Beristain denunció las torturas ante un Juzgado de Donostia que se inhibió a favor de un tribunal madrileño. Allí fue archivada por falta de pruebas -el juez alegaba que existían trazas físicas de los daños recibidos- y lo mismo sucedió con el recurso planteado por Beristain ante la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Constitucional.
«Había lesiones»
Los abogados Didier Rouget y Aiert Larrarte elevaron una demanda al Tribunal de Estrasburgo, que ha fallado que Aritz Beristain vio afectados sus dere- chos a la integridad física y moral y a la protección objetiva de los jueces y de los tribunales. Indica en la sentencia que los informes médicos elaborados durante su detención reflejaban que el arrestado había sufrido lesiones, lo que tendría que haber generado «una investigación más en profundidad».
En su condena al Estado español, el Tribunal de Derechos Humanos recuerda que «cuando un individuo denuncia haber sufrido a manos de la policía o de otros servicios del Estado graves daños (...), se requiere la puesta en marcha de una investigación oficial efectiva».
Al no haberse realizado la investigación necesaria, el TEDH da por acreditado que el Estado español violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la práctica de la tortura.
Por ello, establece como adecuado que el afectado reciba «una indemnización por daños morales» que fija en un total de 20.000 euros, a los que añade 3.000 en compensación por los gastos judiciales que le han supuesto los distintos recursos presentados.
En esta sentencia, la Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo utiliza los mismos argumentos e impone idéntica sanción económica que en la sentencia, hecha pública hace seis meses, de la demanda interpuesta por el preso Mikel San Argimiro, que denunció torturas tras su detención y que tampoco fueron investigadas.
Denuncia de violación
La causa de Aritz Beristain incluye elementos que, desgraciadamente, han vuelto a estar de actualidad esta misma semana, puesto que su denuncia de torturas incluye el relato de una violación anal, con la introducción de un objeto.
Beristain fue detenido por la Guardia Civil el 5 de setiembre de 2002 acusado de acciones de kale borroka y permaneció incomunicado en manos del instituto armado durante cinco días. Enviado a prisión por Baltasar Garzón, el juez Fernando Andreu lo puso en libertad el 30 de enero de 2003.
En su denuncia relató que desde el momento de la detención y de traslado en un coche «me pusieron una bolsa en la cabeza, de vez en cuando me apretaban para ahogarme, me daban golpes en las costillas y me hablaban al oído y me amenazaban». Una vez en Madrid señaló que los golpes fueron constantes «en los testículos, en la cabeza, costillas...»
En otra sesión le obligaron a comer los vómitos de otro torturado. Además, denunció que le dieron golpes con una pistola «y hacían como si la cargasen y disparasen». El detenido añadió que le amenazaron con violar a su novia y a su hermana.
Los tribunales españoles no investigaron esta denuncia y ahora el Estado ha sido condenado por ello.
Dos días después de que el juez Fernando Grande-Marlaska enviara a prisión a los últimos detenidos y se conocieran las denuncias de torturas que éstos habían realizado, comenzaron a aparecer en determinados medios noticias sobre confesiones de atentados espectaculares que no aparecen recogidos en el auto de prisión que el sábado dictó el juez de la Audiencia Nacional.
Primero se anunció que la dirección de ETA había ordenado a los ahora arrestado atentar contra las Torres Kio de Madrid con una furgoneta cargada de explosivos. La acción estaría prevista, según algunas fuentes, para el 14 de enero de 2010, y se habría visto desbaratada por la detenciones días antes, el 9 de enero, de dos militantes que trasladaban material a Portugal.
Después se filtró que los detenidos habrían hablado con el supuesto dirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, Ata, de atentar contra el lehendakari o el consejero del Interior en un acto público. Los primeros datos sobre el caso, ofrecidos por «La Razón», hablaban de que también este atentado se hubiera intentado en enero. Sin embargo, noticias posteriores señalaban que los planes eran disparar con un arma larga de precisión durante el acto de homenaje en el primer aniversario de Eduardo Puelles, el 19 de junio de 2010. También este atentado se habría visto impedido por la actuación policial en Portugal.
Llama la atención que el mismo teletipo que informaba de los planes para atacar las Torres Kio recogía que desde marzo de 2010 ETA había decretado el cese de sus acciones ofensivas, lo que resulta contradictorio con el intento de acabar con la vida del lehendakari.
También llama la atención que las supuestas intenciones del comando detenido no fuera comunicadas por Madrid a Lakua hasta la tarde del lunes, cuando los arrestados habían terminado de declarar el sábado.
Las reacciones a estas noticias fueron también motivo de polémica. El secretario territorial de EA en Navarra, Maiorga Ramírez, que fue entrevistado en ETB, manifestó que es «complicado» pronunciarse sobre «filtraciones», si bien aclaró que «cualquier intención de vulnerar derechos humanos, de destruir y generar dolor» cuenta con la «repulsa y condena» de EA. No obstante, consideró que «este tipo de informaciones filtradas, no exentas quizá de una voluntad de generar cierto alarmismo», podrían tener relación con «la intención de neutralizar una noticia, que es la denuncia de torturas que han interpuesto los detenidos».
Las palabras de Maiorga Ramírez no gustaron nada a la portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, que las censuró, al igual que los posicionamientos de EA sobre la última operación policial.
Unas detenciones sobre las que el presidente del BBB, Andoni Ortuzar, entiende que es «legitimo» cuestionarse su oportunidad, justo la semana que se van a interponer las demandas contra Sortu.
Esto tampoco gustó al portavoz del PSE, José Antonio Pastor, que reclamó al PNV que rectifique estas declaraciones «infames» que, a su entender, contribuyen a «dar alas a los que siguen sin reconocer la democracia». GARA
