A la Fiscal�a del Tribunal Supremo espa�ol le parece excesiva la condena que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa impuso al sargento de la Guardia Civil Juan Jes�s Casas por las torturas a las que sometieron a Igor Portu y Mattin Sarasola. En total el castigo impuesto a dicho mando asciende a cuatro a�os, pero el fiscal pide que sea rebajado a dos. Al parecer, ese grave delito de un responsable de velar por el cumplimiento de la ley no lo es tanto como, por ejemplo, la quema de un cajero, por lo que varios j�venes vascos han sido condenados a m�s de diez a�os de prisi�n.

A lo largo de la historia de la �mod�lica� democracia espa�ola, sus gobiernos no s�lo han hecho caso omiso a las denuncias de torturas neg�ndose a investigarlas, sino que las han negado en todo momento y, en las escasas ocasiones en que alguna instancia judicial ha abierto un proceso contra miembros de las Fuerzas de Seguridad, e incluso cuando ha existido sentencia condenatoria, han mantenido su postura de negaci�n de la tortura e incluso han entorpecido la investigaci�n, por no hablar de los indultos, ascensos y condecoraciones a agentes condenados. Por eso resulta normal, por habitual, la postura gubernamental reflejada ahora en el recurso de casaci�n presentado por el fiscal del Supremo, pero choca frontalmente con las exigencias de rechazo a la violencia que esos gobiernos han sido incapaces de cumplir, al igual que en �ste, en otros muchos casos.

Las denuncias de los �ltimos j�venes vascos detenidos por la Guardia Civil, entre ellas el sobrecogedor relato de Beatriz Etxebarria, no han provocado la inmediata reacci�n de ning�n fiscal ni condena preventiva alguna por parte del Gobierno espa�ol, que se atreve a poner en cuesti�n la credibilidad de otros. En su caso no s�lo se trata de ganar credibilidad, sino sobre todo de dejar de garantizar la impunidad, uno de los factores que, junto a la incomunicaci�n de los detenidos, posibilitan la tortura, y cuya supresi�n tambi�n le compete.