El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle en setiembre
Ángel Berrueta murió hace siete años a manos de un policía español y del hijo de éste. El motivo fue una discusión sobre los atentados del 11-M. El hijo saldrá en tercer grado en setiembre, sin haber mostrado arrepentimiento –incluso ha intentado querellarse contra sus víctimas– y sin que la responsabilidad civil se haya cubierto. La Fiscalía de Nafarroa e Instituciones Penitenciarias han jugado un papel clave en la obtención de este beneficio.
Miguel José de la Peña, que apuñaló al panadero Ángel Berrueta poco después de los atentados del 11-M, saldrá en tercer grado en setiembre, tras haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, que es de 15 años. Se trata de un caso poco corriente dentro del sistema judicial del Estado español, ya que ni ha mostrado arrepentimiento ni ha subsanado la responsabilidad civil. No obstante, tanto él como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, vienen obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. El padre fue condenado a 20 años y podría acceder al tercer grado en 2014.
La familia de Berrueta y los vecinos de Donibane convocaron ayer una rueda de prensa para denunciar la injusticia que se ha cometido con su caso. Afirman que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida a la calle del hijo del policía. No obstante, sí que tratan de conseguir una orden de alejamiento basándose en los artículos 48 y 57 del Código Penal.
Tanto De la Peña como su hijo fueron condenados por «asesinato con el agravante de motivación política» y jamás han mostrado arrepentimiento, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo.
No sólo no se arrepienten, sino que desde la cárcel han tratado de llevar acciones legales contra la mujer de Berrueta, su hijo Aitor, la asociación Gurasoak que se presentó como acusación popular, el abogado de la familia y hasta contra el juez que les condenó. GARA ha tenido acceso a cartas en las que abogados de oficio rehúsan llevar adelante esas querellas.
No cumplen los requisitos
La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.
Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.
El papel de la Fiscalía
Más allá de lo excepcional del caso en cuanto a la modificación de grados penitenciarios, Miguel José de la Peña no saldría a la calle de no ser por el papel que ha desempeñado la Fiscalía. En un primer momento, el fiscal jefe de Nafarroa, Javier Muñoz, calificó la muerte de Berrueta como «pelea entre vecinos», pero el juez acabó por determinar que había una motivación política. Esta postura tibia se confirmó en enero de este mismo año cuando, otra fiscal, Ana Carmen Arbonies, emitió un informe favorable para que Miguel José De la Peña saliera de la cárcel incluso antes de setiembre. De no ser por el juez, estaría ya libre.
De todas las instituciones intervinientes en el proceso contra quienes mataron a Berrueta, parece que sólo se ha mantenido firme Ireneo Herrero Bernabé, el jefe del Servicio de Indultos, que se lo ha denegado a los De la Peña. Cabe recordar que, en segunda instancia, los tribunales suprimieron la pena a la esposa de Valeriano, que había sido condenada por el jurado. La familia Berrueta apeló al Constitucional, pero éste se negó a pronunciarse sobre el caso, con lo que la mujer quedó libre y se cerraron las puertas a la familia del panadero de Donibane –y miembro de Gurasoak– para acudir a Estrasburgo.
Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.
Mañana se cumplen siete años de la muerte de Ángel Berrueta. Sus vecinos han lanzado un llamamiento para que los ciudadanos acudan a concentrarse frente a la tienda en la que se ganaba la vida, a las 12.30 horas. Aseguran que «no pararán de pedir justicia y de recordar a Ángel». En su manifiesto de apoyo a la familia, los vecinos de Donibane aseguraron que el hecho de que María Pilar Rubio, la esposa del hombre que lo mató, haya quedado en libertad les parece una injusticia. Sin embargo, comentan que, «a pesar de que Rubio ha sido declarada persona non grata, ya son varias las veces que la viuda de Berrueta ha tenido que soportar su presencia intimidatoria».
Recuerdan que Rubio fue quien, tras discutir con Berrueta sobre la colocación de un cartel contrario a ETA, subió a su casa en busca de su marido y su hijo, quienes bajaron armados con una pistola y un cuchillo dispuestos a acabar con la vida del panadero. El jurado popular que determinó que había sido la inductora del crimen, pero tribunales superiores eliminaron la pena al revisar la primera sentencia.
Por otro lado, el grupo vecinal indica que la petición de indulto que realizó la familia De la Peña es «vergonzosa» y que no pueden «aceptar semejante burla y falta de respeto hacia la familia». Remarcaron que no entienden cómo el Estado aplica el «agravante ideológico» a un joven del barrio para mantenerlo en la cárcel durante diez años, mientras que en el caso de Miguel José de la Peña todo se queda en papel mojado. A. I
