La CE considera que estos impuestos «son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones», que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones, según explicó un comunicado.

«La Comisión Europea ha decidido hoy -ayer- llevar a Francia y España al Tribunal de Justicia de la UE, porque siguen imponiendo tasas específicas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones, lo que infringe el Derecho de la UE», indicó. Bruselas recuerda que ambos Estados decidieron introducir dichas tasas cuando decidieron suprimir la publicidad de pago en sus televisiones públicas.

El nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago.

En octubre pasado, los operadores hicieron los primeros pagos a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y, según las autoridades españolas, la previsión era obtener unos ingresos de unos 230 millones de euros en concepto de esta tasa en 2010, recordó la CE.

En julio de 2010, la Comisión declaró los nuevos regímenes de financiación de France Télévisions y RTVE eran compatibles con las normas sobre ayudas estatales, aunque estas decisiones se supeditaban a su compatibilidad con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones.

Según el artículo 12 de la directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y reglamentarios, y las tasas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas, apuntó la CE.

También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas sobre cualquier modificación de esas tasas.

Al considerar que las nuevas legislaciones impuestas por el Estado español y el francés no estaban en línea con las disposiciones europeas sobre telecomunicaciones, la Comisión emplazó a esos dos países en octubre pasado a eliminar esos impuestos. En cambio, como «siguen estando vigentes» a día de hoy, la CE ha decidido denunciar a esos estados ante la Corte con sede en Luxemburgo.