En el Estado español parece claro el clima contrario a la legalización de Sortu. De aquél «sin violencia, toda aspiración política es legítima» han pasado al «todo vale contra la aspiración de gran parte del pueblo vasco», empujados por el mero cálculo electoral y sobre todo por el pánico a una situación en la que la confrontación política se desarrolle en términos puramente democráticos. En ese ambiente, contrastan notablemente las voces que desde tierras españolas se muestran favorables a que cualquier partido, aunque se llame Sortu, pueda ser legal si cumple los requisitos para ello.

La percepción existente en Euskal Herria de ese asunto es completamente diferente, opuesta. Ayer la mayoría sindical exigía la legalización de la nueva formación sin más dilaciones, una exigencia que se ha convertido en clamor y trasciende a la izquierda abertzale, al nacionalismo y al sindicalismo vascos. En las filas del propio PSE, comenzando por su presidente e incluso el lehendakari de la CAV, tienen pocas dudas acerca del derecho que asiste a esa formación a participar en igualdad de condiciones en la vida política e institucional, al margen de la confianza que les merezca la actuación del Gobierno de Madrid o la de los tribunales.

Pero no sólo en Euskal Herria se percibe la legalización de Sortu como una necesidad democrática, sino que también en instancias internacionales es creciente el interés por el futuro de esa formación desde el convencimiento de que le asiste el derecho a ser legal. Personalidades, parlamentarios, abogados de varios continentes así lo reclaman, más aún teniendo en cuenta el nuevo escenario abierto en Euskal Herria, como recordó el pasado viernes la presidenta de la Asociación Americana de Juristas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde presentó una resolución cuyo título resume una visión que va más allá de la legalización de un partido político y contempla el derecho de un pueblo a decidir su futuro en paz.