En sendas ruedas de prensa en Bilbo e Iruñea, LAB dio ayer a conocer detalles de un documento interno de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid -cuyo origen se encuentra en las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se reúnen todos los consejeros autonómicos del ramo- en el que habla de excluir de la cartera de prestaciones sanitarias básicas vacunaciones, tiras y medidores para personas diabéticas, atención bucodental infantil, las comidas en los hospitales, o material ortoprotésico como bastones y muletas.

Desde el sindicato abertzale añadieron que, en vez de la exclusión, también se apunta al establecimiento de criterios más rigurosos para acceder a otras prestaciones. En Bilbo, la secretaria de la Federación de Servicios Públicos, Arantza Sarasola, denunció que la principal preocupación de los autores de las recomendaciones es que estos recortes no repercutan negativamente en la opinión pública en general.

Sarasola instó a los consejeros de Sanidad Rafael Bengoa y María Kutz a que expliquen cuáles son sus planes, y que lo hagan antes del periodo electoral que se aproxima. «¿Van ustedes también a hacernos pagar por los servicios sanitarios?», les interpeló la portavoz sindical, antes de solicitarles que «no mientan en campaña electoral posicionándose ahora contra el copago si piensan imponerlo tras las elecciones».

La central subrayó que los recortes en Osakidetza y Osasunbidea «no son nuevos», citando la disminución de derechos laborales de los trabajadores y de los servicios de atención a la ciudadanía. Explicaron que los presupuestos en materia sanitaria se han reducido en un 1,7% en Nafarroa y un 3,5 en la CAV, alejándose del gasto público medio europeo en este capítulo, que es del 4,4% del PIB en Hego Euskal Herria cuando en Europa alcanza el 8%.

Algunos ejemplos claros de esa regresión es el cierre de los centros de salud los sábados por la mañana, recortes en los servicios de ginecología, se plantea la atención en el ámbito doméstico a los enfermos crónicos a través de la teleasistencia, que tildaron de «desasistencia»; o se infrautilizan instalaciones como la clínica Ubarmin y cierran camas hospitalarias en verano u otros periodos del año.

«Todo esto supone un claro deterioro del sistema sanitario público, y a la par se prepara a la ciudadanía lanzando globos sonda sobre la inviabilidad del sistema sanitario público, sobre la necesidad del copago, que no es otra cosa que repago; o sobre que esta crisis obliga a ajustes en el gasto sanitario», manifestaron en las ruedas de prensa.

Alarma interesada

Sarasola precisó que «con la excusa de la crisis, se está generando por parte de los gobiernos vasco y navarro una alarma interesada», al objeto de «privatizar la sanidad e imponer el copago sanitario en la prestación de servicios». En el caso de la CAV, mencionó el Plan de Mejora y Contención del Gasto de las Organizaciones 2010, del que dijo que «únicamente contiene objetivos de contención del gasto mercantilizando la salud».

«El problema es que todo esto ni es casual ni es algo que haya que hacer `si o sí' a consecuencia de la crisis. Esto es fruto de una apuesta y un objetivo político y es algo perfectamente calculado», acusó Arantza Sarasola. Además, apostilló que los consejeros Kutz y Bengoa forman parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que partieron las directrices desveladas por LAB

La portavoz sindical se refirió también al plan del Ejecutivo de Lakua para reducir las listas de espera, que criticó pues consideró «muy difícil» atender la demanda creciente, tal y como reconoció el consejero, y disminuir las prestaciones. Además, declaró que la deriva de pacientes a clínicas privadas y pruebas o la autoconcertación forman parte de «una estrategia de deterioro de la sanidad pública para dar un impulso y un empuje a la sanidad privada, con el objetivo de alimentar el interés de negocio de todas esas entidades privadas que prestan servicios sanitarios».

Asimismo, Sarasola llamó a la ciudadanía a enfrentarse a esa estrategia privatizadora pues si no, advirtió, «nos encontraremos contratando seguros de cobertura sanitaria, o al menos lo harán aquellas personas que se lo puedan permitir y que a estas entidades les resulten sanitariamente rentables».