Lo gritó bien claro Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Asociación de Defensa de la Caza y Pesca (Adecap), ante miles de cazadores en junio pasado en las campas de Dima: «¡No lograrán que nos arrodillemos!». Y a fe que lo han conseguido, porque ayer los más de 100.000 ciudadanos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con licencia de caza fueron los únicos meridianamente satisfechos con la aprobación de la nueva Ley de Caza. Ésta fue pactada ayer entre PSE, PP y PNV, y deja muy descontentos a baserritarras y propietarios de agroturismos, como los más directamente afectados.

El proyecto de ley respaldado ayer en la Cámara de Gasteiz contempla muchos aspectos reguladores de la actividad cinegética, pero sin duda el nudo gordiano del debate se ha situado en estos meses, e incluso esta misma semana, en las distancias de seguridad a las que se puede cazar.

Esa distancia había quedado fijada durante la tramitación del proyecto de ley en 200 metros con respecto a los núcleos rurales y 150 metros respecto a los enclaves habitados aislados. Sin embargo, hace dos semanas, a petición del PP, esta última distancia se rebajó de 150 a 100 metros, iniciativa que contó con el respaldo de PSE y PNV, y que así quedó ayer aprobada en el Parlamento. Aralar, EA y EB denunciaron en el debate que este improvisado `tripartito' «ha cedido a los intereses de los cazadores», cuando ya se había alcanzado un consenso previo entre los grupos.

Al final del debate, el grueso del dictamen fue aprobado por PNV, PSE, PP y UPyD, mientras que Aralar y EA se abstenían y EB votaba en contra.

Críticas a la nueva ley

¿Cómo queda, finalmente, la ley en cuanto a las distancias? Pues se podrá cazar a 100 metros de caseríos, chalets y edificios habitables aislados y a 200 metros de núcleos urbanos, agroturismos o casas rurales y explotaciones agrarias prioritarias. Lo que sí se mantiene invariable es la distancia de seguridad de 200 metros durante la práctica de la caza mayor con cartuchería metálica (rifles).

La nueva ley deroga la normativa vigente de 1970, que fijaba una distancia de sólo 50 metros. La polémica en estos meses ha surgido porque en la legislatura anterior, es decir, en la presidida por Juan José Ibarretxe, se consensuó un texto que se plasmó en un borrador de proyecto de Ley de Caza que contemplaba como distancia de seguridad 200 metros respecto a edificios habitables.

La asociación de agroturismos Babestu Bizitza denunciaba ayer que «tras un texto consensuado, lo han modificado para ceder a intereses de no sabemos qué personas o lobbys. No se mantiene la palabra. Los vascos la tenemos; los políticos nos han demostrado que no». Como insistía su secretario, Alberto Agirrebeitia, «la reducción a 100 metros supone una merma de la seguridad de los que habitamos y trabajamos en el medio rural. Estamos hartos de sufrir todo tipo de agresiones».

Igualmente crítico con la ley se mostró el sindicato agrario Enba, al denunciar que «lo grave no es la falta de palabra de los responsables de los cazadores y de su actuación, sino el amparo que han recibido de PNV, PSE y PP, y el ninguneo que han sometido a los baserritarras que se han visto tratados como ciudadanos de segunda».

Estos ganaderos recordaron, además, que más allá de la propia ley «hay una cuestión principal de la que no se habla: la falta de respeto con que muchos cazadores tratan nuestros bosques, nuestros cierres ganaderos, nuestras viviendas, en fin, nuestro modo de vida».

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, estimó que «si se hubieran mantenido los 200 metros habría habido un mayor consenso». Su homóloga del PNV Bakartxo Tejería confió por su parte en que «con la puesta en práctica de la ley se suavicen las posiciones».