LEGALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
El PSE aparca su iniciativa sobre Sortu y el uso de «la inteligencia»
El PSE decidió ayer «aparcar» su iniciativa parlamentaria sobre Sortu a la vista del malestar generado entre sus socios del PP. Además, durante el pleno, ambos partidos aprobaron una propuesta sobre el «modelo de fin de ETA». El PP renunció a que la Cámara asumiera como propia la declaración de la Fundación de Víctimas a cambio de que el PSE aceptara optar sólo por la firmeza sin conjugarla «con la inteligencia adecuada», como había propuesto inicialmente.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Tampoco el de ayer fue un buen día para el PSE en el terreno mediático. Lo que podía haber sido una muestra de cierta audacia, con un pronunciamiento favorable a «desear que Sortu se halle en condiciones de evidenciar que puede ser una formación política legalizada», acabó convirtiéndose en una nuevo reflejo de sumisión ante el PP.
La iniciativa presentada en la tarde del miércoles llevaba varias semanas redactada. Su origen estuvo en aquellas declaraciones del PNV que proponían que, si la nueva formación de la izquierda abertzale es legalizada, sería conveniente disolver el Parlamento autonómico y convocar nuevas elecciones. Ante eso, el PSE optó por hacer una proposición no de ley que combinara un gesto de deseo de que Sortu pudiera ser legalizada, si los tribunales lo veían oportuno, con la declaración de legitimidad de la actual Cámara, al tiempo que ponía en valor la estrategia de «firmeza del Estado».
La proposición llegó anteayer al registro entre otras iniciativas. Mal momento. Coincidió con el revuelo existente por el artículo de la víspera de Jesús Eguiguren y por las últimas declaraciones del propio Patxi López.
De una propuesta de seis puntos, el primer titular de agencia fue el relativo a los deseos sobre Sortu. Y la reacción inmediata del PP se recogió a botepronto sin que su portavoz conociera el texto en su integridad. Como cabía esperar, puso el grito en el cielo. El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, aseguró que el texto «atenta contra el espíritu y la literalidad del pacto para el cambio» suscrito por ambos partidos tras las elecciones de 2009.
Marcha atrás
Ante esta reacción, el PSE optó ya en la noche del miércoles por tratar de calmar los ánimos. Ayer por la mañana, en ETB, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunciaba que la iniciativa «se pospondrá» para evitar «conflictos entre demócratas».
Minutos más tarde, el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, comparecía ante la prensa en los pasillos del Parlamento y confirmaba que la iniciativa quedaba «aparcada» con el fin de reconducir una polémica con su socio preferente «que tiene mucho de artificial». Tras asegurar que, «lejos de romper» el pacto PSE-PP, el texto registrado en el Parlamento «lo reafirma», anunció que su grupo «abrirá un diálogo» con el PP y otros partidos sobre los contenidos de la iniciativa.
En Junta de Portavoces
Pese a que desde el PP se comentó a la prensa que la iniciativa del PSE había sido retirada y que no llegaría a la Mesa del Parlamento para su calificación, fuentes del PSE sostienen que la proposición no de ley sigue de momento su curso normal y será más adelante cuando se detenga. El martes que viene será calificada por la Mesa y se abrirá el correspondiente plazo de enmiendas. Cuando la propuesta llegue a la Junta de Portavoces, donde se decide qué puntos van a pleno, el PSE detendrá su tramitación.
Para entonces el Tribunal Supremo habrá dictado ya sentencia sobre Sortu y, probablemente, el Parlamento estará en una situación de letargo a consecuencia de la inminencia de la campaña electoral.
La decisión de «aparcar» la iniciativa satisfizo al PP. Su secretario general en la CAV, Iñaki Oyarzábal, rebajó las declaraciones de Semper del miércoles sobre la afectación del texto al pacto con el PSE e incidió en que «hay que tratar de superar los momentos difíciles».
A su entender, iniciativas de «este calado» han de ser consultadas entre ambos socios y «se deben evitar aquellas actuaciones que quiebran o debilitan la confianza».
Lo retoma el PNV
El «aparcamiento» del debate sobre Sortu fue calificado por PNV, EA, EB como «circo», muestra de sumisión al PP y falta de una política propia para la normalización. Los jeltzales tomaron la iniciativa de presentar otra proposición no de ley para que el Parlamento inste al Gobierno de Lakua y al lehendakari a pronunciarse a favor de que Sortu sea inscrito en el registro de partidos. También se insta a «los poderes competentes del Estado a que, sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial», se proceda a la legalización de Sortu.
Víctimas e inteligencia
El PP pide al PSE que en la presentación de sus iniciativas actúe con lealtad. Lo que no está tan claro es que él se aplique el consejo o, como decía en su artículo Jesús Eguiguren, en realidad existe un falso consenso de que si se hace lo que dice el PP está bien y, si no, se abre una campaña de acoso y derribo. Porque durante el pleno de ayer el PSE se vio de nuevo envuelto en una propuesta del PP que no era del todo de su gusto.
En noviembre la Fundación de Víctimas del Terrorismo y varias asociaciones suscribieron un documento de «principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad» que recoge su conocida línea política, que les ha llevado recientemente a convocar una manifestación contra la legalización de Sortu que parece más contra el Gobierno del PSOE.
El PP registró en febrero una proposición para que el Parlamento asumiera como propia esa declaración. Semanas después, el 2 de marzo, el PSE la enmendó, cambió su asunción por una valoración positiva y, en un cuarto punto, añadió que «ante el final de ETA, hay que conjugar la necesaria firmeza, hasta conseguir que desista, con la inteligencia adecuada para acelerar su desestimiento».
Al final, PP y PSE llegaron a una enmienda de transacción. El texto coincidía en sus tres primeros puntos con el redactado por el PSE, pero lo del uso de la «inteligencia adecuada» no debió ser del gusto del PP. Así que el párrafo antes mencionado fue sustituido por otro en el que se puede leer que el Parlamento «considera que la paz no tiene precio político y en consecuencia no puede ser fruto de negociación política alguna con la banda terrorista ETA».
El texto fue aprobado con el apoyo de PSE, PP y UPyD y el rechazo del resto, que suman la mayoría de votos populares. En el debate se vieron posturas contrapuestas sobre el papel que han de tener las víctimas de la violencia y sobre el concepto de impunidad. El parlamentario de EA recordó los crímenes del franquismo, el 3 de Marzo de Gasteiz o las muertes del GAL.
Pero también se observó una diferencia de fondo entre PSE y PP. José Antonio Pastor había dicho que la «unidad de los demócratas» y la firmeza del Estado de Derecho habían «hecho recapacitar» a quienes apoyaban la violencia. Carlos Urquijo, del PP, le corrigió: «La firmeza no les ha hecho recapacitar, lo que les ha hecho es perfeccionar el arte de la simulación con el fin de volver a hacer política». Y dejó caer, retomando el debate sobre Sortu, que «la inteligencia -ahí apareció de nuevo el término y quizá la explicación de por qué al PP no le gustó- es no dejarse seducir por ese engaño»
Crítica de Lokarri
La aprobación de la propuesta en el pleno suscitó una crítica inmediata de Lokarri, que manifestó que «los grupos políticos que han presentado y apoyado la propuesta han evitado cualquier intento de diálogo y consenso sobre sus contenidos con el resto de fuerzas parlamentarias. En este caso, han impuesto su mayoría en un tema básico como el de la reconciliación, dividiendo el Parlamento en dos mitades».
Según este organismo, «esta resolución trata de imponer un modelo de reconciliación de parte, ignorando la pluralidad de la ciudadanía, basado en: ignorar la existencia de víctimas y sufrimientos distintos a los padecidos por las víctimas de ETA; construir la convivencia sobre la humillación y la derrota de una parte de la ciudadanía vasca; lograr una paz con vencedores y vencidos; y obtener réditos políticos, pretendiendo que una parte de la ciudadanía vasca abandone proyectos políticos legítimos bajo el pretexto de que han sido contaminados por la acción de ETA».
En cambio, para Lokarri «la paz y la reconciliación, requieren de diálogo, acuerdos e inclusión de todos y todas, sin excepción».
La alcaldesa de Hernani y dirigente de la izquierda abertzale, Marian Beitialarrangoitia, valoró ayer que el lehendakari, Patxi López, «esté hablando por primera vez en clave positiva o en términos favorables sobre la legalización de Sortu».
En un vídeo que puede verse en www.ezkerabertzalea.info, señala que, aunque ese cambio es positivo, el lehendakari «puede hacer bastante más para que tanto los de su partido como el Estado tengan una actuación más acorde con la realidad y los nuevos tiempos que se están creando en Euskal Herria».
En su declaración, Beitialarrangoitia sostiene que tanto el PSOE como el PP están «totalmente obsesionados» con las próximas elecciones municipales y forales, pero «una vez más fracasarán en su intento». Afirma que Sortu ha logrado «constatar que la estrategia jurídica actual está totalmente plegada a los intereses del Ejecutivo».
En este sentido, reitera que la Ley de Partidos Políticos es un instrumento para «negar la soberanía y el traslado a las urnas del sentir mayoritario de la ciudadanía y, por tanto, para llevarnos a unas instituciones que no representan a todo el sentir popular de Euskal Herria».
Una veintena de eurodiputados de once nacionalidades distintas hizo público ayer un comunicado en el que reclaman a las autoridades españolas que «no pongan obstáculos adicionales» a la legalización de Sortu.
Los firmantes del escrito consideran que la presentación de Sortu y sus principios «nos acercan a una paz duradera y sostenible» en Euskal Herria. «Independientemente de que compartamos o no el proyecto político presentado -añaden-, apoyamos que el partido tiene derecho a ser legal y a participar en las elecciones como uno más». Afirman también que «para que haya diálogo resolutivo todas las partes deberían poder participar en las mismas condiciones».
El texto está firmado por François Alfonsi, Corsica, (EFA/Greens); Izaskun Bilbao Barandica, Euskal Herria, (ALDE); José Bové, Estado francés, (EFA/Greens); Frieda Brepoels, Flandes, (EFA/Greens); Bairbre de Brún, Irlanda, (GUE/NGL); Nikolaos Chountis, Grecia, (GUE/NGL); Pat the Cope Gallagher, Irlanda, (ALDE); Catherine Grèze, Estado francés, (EFA/Greens); Marian Harkin, Irlanda, (ALDE); Oriol Junqueras, Catalunya, (EFA/Greens); Jürgen Klute, Alemania, (GUE/NGL); Marisa Matias, Portugal, (GUE/NGL); Jifií Mastálka, República Checa, (GUE/NGL); Miloslav Ransdorf, República Checa, (GUE/NGL); Raül Romeva i Rueda, Catalunya, (EFA/Greens); Alyn Smith, Escocia, (EFA/Greens); Csaba Sógor, Rumania, (EPP); Bart Staes, Flanders, (EFA/Greens); Eva-Britt Svensson, Suecia, (GUE/NGL); Marie-Christine Vergiat, Estado francés, (GUE/NGL); Tatjana Îdanoka, Letonia (EFA/Greens). GARA