El Tribunal Supremo celebra hoy la vista oral sobre Sortu. Encima de la mesa tendrá las demandas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para que se rechace la inscripción legal del nuevo partido de la izquierda abertzale, junto a las alegaciones de la defensa de Sortu. Antes que nada hay que remarcar que esta sesión constituye de por sí una excepcionalidad total no sólo en el panorama euro- peo, sino incluso en el español. En un sistema que se llame a sí mismo democrático, la participación política no sólo no debe perseguirse, sino que corresponde estimularla y favorecerla. Por contra, en el Estado español se impuso una norma específica -la Ley de Partidos- contra un sector muy concreto, el independentismo vasco, y que de hecho no se ha aplicado a ningún otro en toda esta década. La ofensiva contra Sortu desvela además un afán de cambiar la Ley sobre la marcha para hacerla aún más impenetrable. De decidir se va a encargar todo un Supremo -y después un Constitucional- a través de una sala, la del 61, autodefinida como «especial». Y las «pruebas» son un cajón de sastre de datos y tesis policiales plagadas de errores y sesgadas, similares a las que se desplomaron en los juicios a ``Egunkaria'', Udalbiltza y tantos otros. Todo ello define el paupérrimo nivel democrático español.

Aunque no se trate técnicamente de un juicio -no hay acusados-, los sectores más recalcitrantes del Estado español quieren convertir esta vista en un proceso «sumarísimo», inquisitorial, contra la izquierda abertzale. Curiosamente, desde esos mismos sectores en los años 70 y 80 se hicieron constantes llamamientos al independentismo para que se integrara en el juego político y las instituciones. A día de hoy prefieren lo contrario, porque perciben que en la arena política sus tesis son débiles al no contar con el respaldo de la mayoría social vasca. Por su parte, la izquierda abertzale también ha llegado a la conclusión de que en la política gana, y que para eso resulta imprescindible disponer de un partido legal. Este es el marco de la vista del Supremo, que debiera ser un mero trámite previo a la legalización y no un juicio sumarísimo.