La Sala del 61 del Tribunal Supremo estudia desde hoy en vista pública las demandas en las que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden que se impida la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, bajo el argumento de que es continuación de la ilegalizada Batasuna. Sobre la mesa tendrán también los casi 250 folios de alegaciones presentados por la defensa, que son más que los que suman la Fiscalía (168) y la Abogacía estatal (48).

Los 16 jueces decidirán sobre la marcha qué peticiones de prueba admiten, aunque se adelanta que se pretende que la vista oral sea rápida y que la decisión del Supremo se pueda co- nocer para el próximo lunes, día 26, tras lo que entraría en juego el Tribunal Constitucional. A este ritmo, la incógnita sobre Sortu se desvelaría probablemente antes de las elecciones.

Sólo se da por seguro -dado que ya han sido citados por el tribunal- que testificarán los policías que elaboraron los informes en que se basan las demandas de prohibición de Sortu. Estas «investigaciones» ya han sido cuestionadas por asociaciones judiciales que entienden que se han extralimitado en sus funciones al no plantear sólo datos y tesis, sino también conclusiones.

La defensa de Sortu ha respondido punto por punto a todos sus planteamientos. Y como anticipó ayer GARA, en las demandas se llegan a exponer como hechos ciertos cosas nunca probadas, como que el desaparecido Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur murió a manos de ETA y «de un tiro en la nuca», cuando en realidad la Audiencia Nacional española todavía investiga el caso y la hipótesis más sólida ahora es que fue víctima de mercenarios neofascistas italianos.

Sortu ha solicitado, por su parte, que se libren oficios a la Audiencia Nacional, la Unidad Central de Inteligencia y la cárcel de Aranjuez para recabar determinados datos que considera fundamentales (en el último caso, se pide que se acredite que José Mari Compains, uno de los promotores de Sortu, es el abogado defensor del preso Eneko Compains, además de su padre). Fuentes del Alto Tribunal español afirman que estos oficios se han cursado ya, por lo que quizás estas pruebas también se acepten.

Fiscalía y Abogacía han pedido únicamente la declaración de los policías y guardias civiles, así como la incorporación de algunos documentos. Por su parte, Sortu propone que se aporten decenas de artículos de prensa de diferentes medios, así como entrevistas y otros documentos que dejan claro que las FSE han obviado intencionadamente muchos elementos del debate interno de la izquierda abertzale para provocar una tesis final tergiversada.

La defensa de Sortu había considerado la vista oral como «innecesaria» dado que la única «prueba» existente es de carácter documental y no necesita además ser valorada «con conocimientos técnicos especializados de los que carezca esta sala». Iñigo Iruin y Adolfo Araiz recalcan además que los informes policiales «sólo contienen meras inferencias o deducciones de sus autores, labor que compete en exclusiva y de modo irremplazable a esta sala».

No sólo asociaciones judiciales y la defensa de Sortu han dado escaso o nulo valor a las hipótesis policiales. Represen- tantes políticos tan poco sospechosos como Patxi López han dicho que los argumentos jurídicos de este caso «están cogidos con hilos». Y el fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, tampoco ve motivos de prohibición.

Ares, Urkullu y Garaikoetxea

En este contexto, el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, recalcó el mensaje de que «sería muy importante» que «el resto de instituciones y partidos» se comprometieran a acatar la decisión de los tribunales españoles sobre Sortu, «sea cual sea», y dijo que ésa será la posición del Gobierno de Patxi López.

Ares participó en Lasarte en un homenaje al concejal Froilán Elespe, muerto hace ahora diez años por ETA, y se refirió a la vista del Supremo a preguntas de los periodistas. Aseguró que «se está produciendo un proceso con todas las garantías y serán los tribunales los que tengan que pronunciarse sobre si Sortu cumple o no todos los requisitos para convertirse en una fuerza legal».

Por contra, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, considera que el debate sobre la legalización o no de Sortu está marcado por los intereses políticos. En el acto de presentación de la candidatura de Iñaki Azkuna a alcalde de Bilbo, afirmó que PSE y PP están «disfrazando» sus planteamientos como si se atuvieran a razones de principios, cuando su objetivo es de «ampliar su cuota de poder» y para que puedan seguir sumando mayorías en otras instituciones Sortu supone «un problema».

Urkullu citó la polémica aparecida estos días entre PSE y PP y que amainó tras retirar los primeros la propuesta parlamentaria que valoraba positivamente a Sortu. Y al hilo de ello, el mandatario jelkide habló de «circo de tres pistas», en alusión a los movimientos de PSE, PP y la izquierda abertzale.

Otro que también se refirió al caso de Sortu fue el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea, en una entrevista a ``Deia''. Considera evidente que «debería ser legalizado si no prevalecen las presiones políticas que se están realizando desde la derecha espa- ñola y sus medios informativos y de toda índole». No obstante, alertó de que posiciones como la del fiscal general del Estado prueban que «hay un verdadero vendaval antidemocrático» que comparó con la caza de brujas desatada por el senador Mac Carthy en Estados Unidos en los años 50.

En relación a los próximos comicios, Garaikoetxea admitió que EA puede concurrir junto a «gente independiente y de valía que puede provenir de un amplio espectro social que no se resigna a la exclusión de un sector abertzale del electorado».

El ex máximo dirigente de EA aseguró además que la ilegalidad de Sortu beneficia a los partidos estatales porque distorsiona las mayorías en las institu- ciones, pero también a Aralar, dado que «pretendía heredar toda la base política del MLNV, aunque diga lo contrario para quedar bien».