Tres acontecimientos producidos esta semana confirman que el Estado español vive inmerso en una gravísima crisis. No ya económica, porque de ésta no hacían falta pruebas mayores, sino política, y que además atañe muy directamente a los vascos. Hasta el punto de que lo que en otro tiempo quizás se entendiera como oportunidad paradójicamente quizás acabe por convertirse en lastre para el objetivo de materializar un proceso democrático.

El primer exponente es la surrealista situación creada en el Tribunal Supremo en torno al caso de Sortu. Un órgano compuesto por dieciséis jueces y con el presidente de la institución a la cabeza ha aparecido partido casi por la mitad entre dos posiciones en las que no hay siquiera un punto mínimo de conexión, ya que el voto particular en realidad supone una descalificación total, punto por punto, del veto mayoritario al nuevo partido de la izquierda abertzale. Tras conocer el contenido del auto -sería mejor hablar realmente de dos autos-, la cuestión queda muy clara: siete jueces han tomado una posición netamente jurídica, en base a la ley y también al sentido común, pero otros nueve magistrados han impuesto una tesis burdamente política, que pisotea sus propias normas y las leyes de la lógica.

El segundo elemento es la reapertura de la ofensiva del PP contra el PSOE por su actitud en el proceso de negociación 2005-2007. Un acoso que tiene dos catalizadores coyunturales -el levantamiento del secreto del sumario del «caso Faisán» y el interés del PP por horadar la figura del probable nuevo «presidenciable» Alfredo Pérez Rubalcaba-, pero que encierra también un objetivo de fondo a futuro: mantener un marcaje férreo sobre el PSOE para evitar cualquier nuevo proceso de solución dialogada e impedirle así que recoja los réditos de los eventuales avances.

A todo ello se la ha sumado la escenificación de la fractura interna en el partido del gobierno, abocado ahora tras el anuncio del adiós de José Luis Rodríguez Zapatero a un proceso de sucesión que puede resultar cruento y a una lucha intestina que se intuye cainita. La catarata de mensajes que insisten en la necesidad de que el PSOE priorice la unidad resultan significativos de la preocupación existente en su seno.

Tres dudas inquietantes

Los tres elementos dibujan un panorama de zozobra incuestionable. En otros tiempos se hubiera entendido que la crisis española beneficiaba a las aspiraciones vascas. Y efectivamente poca duda cabe de que estos episodios infumables contribuirán a crear más independentistas. Sin embargo, en este momento histórico la patética situación del Estado español puede suponer más un problema que una oportunidad para una Euskal Herria que demanda un proceso de solución, en un contexto en que la iniciativa de la izquierda abertzale ha allanado mucho el camino.

Así, al hilo de los tres conflictos aparecidos esta semana surgen tres preguntas que tendrán una incidencia absoluta sobre el devenir político en Euskal Herria: ¿Será el Tribunal Constitucional capaz de dictar una sentencia jurídica y lógica sobre Sortu, y no política y dogmática como la adoptada por la mayoría del Supremo? ¿Entenderán PSOE y PP que disponen de una oportunidad sin precedentes para afrontar el caso vasco a partir de premisas democráticas y de cerrar definitivamente la confrontación armada, y actuarán en consecuencia? Y ¿podrá el PSOE encontrar una fortaleza interna que le permita afrontar los retos que competen a un partido de gobierno, o por contra su inestabilidad le situará todavía más a merced del PP?

Euskal Herria no espera

Se trata de tres dudas que deben resolverse a corto o medio plazo. Pero Euskal Herria no se puede quedar mirando, y de hecho no lo hace. Frente a los enfrentamientos, las dudas, la parálisis, la negatividad y el bloqueo instalados en Madrid, en este país los vientos corren justo en sentido contrario: son tiempos de acuerdos entre los independentistas, de decisiones estratégicas basadas en la confianza, de movimientos, de positividad y de asunción de riesgos. Y también de movilización, como se constató ayer en Bilbo con la sexta gran manifestación en otros tantos meses.

El desacompasamiento de los ritmos resulta evidente. La izquierda abertzale lo constató el viernes al señalar certeramente que la distancia que se está creando entre Euskal Herria y los estados es cada vez mayor. Cabría añadir que la diferencia entre el Estado español y el entorno europeo también es cada vez mayor. No sólo los vascos habrán asistido estupefactos esta semana a noticias como la querella ante la Audiencia Nacional contra los tres negociadores del Gobierno español con ETA por «colaboración con banda armada», ni a la constatación de que el nuevo partido de la izquierda abertzale es vetado con una sentencia que medio tribunal define como «un relato», ni a la percepción de que Zapatero puede ser despedido a zapatazos cuando en el peor de los casos se ha limitado a hacer lo mismo que el PP.