Hace unos días, durante unas jornadas sobre la administración de justicia, un insigne jurista exvocal del Consejo General del lPodere Juddicial contó a los presentes que, según un ranking de la OCDE, España estaría en el puesto 66 en parámetros de independencia judicial. Justo por encima (o por debajo) de la República Islámica de Irán. Por mucho que se relativice el dato -que debe hacerse- resultaría escandaloso en cualquier país. Al contrario, aquí se esgrime la independencia judicial y el estado de derecho para avalar las decisiones disfrazadas de jurídicas. El ministro de Justicia afirma que los jueces se equivocan. Él dice que los de Estrasburgo. Los del Supremo no se equivocan, no.