Las declaraciones efectuadas recientemente por catorce alcaldes de Gipuzkoa denunciando las «nefastas consecuencias» de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 no pueden dejarnos indiferentes pues, en el fondo y en la forma, están abogando por ahondar en el incumplimiento de las leyes de la Unión Europea en materia de conservación de la biodiversidad.

Y es que estamos a punto de cumplir 20 años desde que, los que se quejan y también todos los europeos, nos dotamos de la Directiva Hábitats, en un intento continental de detener la pérdida de la biodiversidad, grave problema global que no sólo sufren áreas como la Amazonía. Como puede ver cualquiera que conozca la planificación ambiental criticada, todavía estamos muy lejos de frenar esta pérdida de vida salvaje en Europa, a pesar del compromiso institucional de conseguirlo para año 2010, declarado por la ONU como Año Internacional de la Biodiversidad.

Precisamente, en esa fecha se agotaba también el plazo de 6 años fijado por la normativa europea para designar como Zonas Especiales de Conservación los 52 Lugares (LIC) que constituyen la aportación de la CAPV a la Red Natura 2000. Pero no contentos con que el Gobierno Vasco esté trabajando en ello, obligado por el marco jurídico europeo y fuera de plazo, 14 representantes de la Administración, que en teoría deberían velar por el cumplimiento de la ley, comparecen reclamando públicamente la paralización de un proceso obligado por aquella, y que debía haber concluido el año pasado.

Se quejan los alcaldes de menosprecio hacia las competencias municipales y de falta de información, reclamando su participación en la redacción de los planes. Y olvidan que junto con la elaboración de los documentos se abrió ¡hace más de un año! un proceso de participación en el que los ayuntamientos de la CAPV y las diputaciones tuvieron, como no podía ser menos, un trato preferente, como cualquiera con un mínimo interés puede ver en la página web del Gobierno. Otra cosa es que, en su momento, estos alcaldes no le prestaran la atención que por lo visto merecía.

Pero cualquiera puede, y más nuestros representantes, criticar los documentos y discrepar de sus contenidos. Lo que resulta disparatado es que transcurridos los 6 años que la Directiva les otorgaba, nuestros políticos se dediquen a sembrar dudas acerca de la profesionalidad de sus redactores y de sus responsables, descalificando sus planes como normativistas e irreales y mostrando públicamente su desconocimiento de la legalidad vigente.

Dejando a un lado la inoportunidad de las declaraciones, en el fondo subyace un problema de prioridades que estamos lejos de haber resuelto. Al igual que en el resto de países europeos, el modelo territorial, económico y de desarrollo experimentado desde mediados del siglo pasado ha tenido también consecuencias negativas, y una de las más graves ha sido sin duda la imparable pérdida de patrimonio natural. La agricultura intensiva, la pesca y la explotación forestal por un lado, la urbanización, la industria y las infraestructuras viarias por otro, han asfixiado el medio natural y rural hasta tal punto que la Comisión Europea se vio en la imperiosa obligación de proteger los hábitats y las especies más amenazadas, declarándolas de interés europeo.

Los 27 países de la Comunidad han ido cumpliendo sus compromisos y, a día de hoy, sumamos entre todos más de un millón de km2 dedicados a la conservación de los hábitats naturales y las especies de interés, más del 20% del territorio europeo y más de 500 veces la superficie de Gipuzkoa.

Menos halagüeño es lo que se refiere al estado de conservación de la vida salvaje. Como vemos en el último informe publicado por la Comisión Europea en 2009, sólo el 17% de los hábitats europeos de interés (¡ninguno! en toda la Región Biogeográfica Atlántica a la que pertenece la franja cantábrica vasca) y sólo el 17% de las especies (que baja al 5% en la Región Atlántica) presentan un estado de conservación favorable. Lamentablemente no podemos comparar estas cifras con las nuestras, pues la administración ambiental vasca, incumpliendo su deber, no realizó la evaluación que debía. Pero no hace falta ser un experto para darse cuenta de lo poco que estamos dejando de la naturaleza original y la gravedad de ello. Los estuarios y las dunas desaparecidos bajo el hormigón y el asfalto, los ríos reducidos a canales, eso sí, con agua cada vez más limpia, y de los bosques originales malvive el 12% en un estado de conservación que deja mucho que desear. En lo que a especies se refiere, la última versión del catálogo vasco de especies amenazadas recoge ya 13 especies de fauna y 58 especies de flora en peligro de extinción, eso sin contar las que ya se han extinguido.

Esto no significa que no se esté trabajando por mejorar la situación pero es evidente que no lo suficiente ni, a menudo, en la dirección correcta. En el comunicado de estos alcaldes queda claro cuáles son sus prioridades, cuando señalan que los planes de gestión colisionarán con los nuevos desarrollos urbanísticos e industriales o que ganaderos y propietarios forestales verán limitada y condicionada su actividad. Pero se les olvida comentar que más del 20% de las rentas de ganaderos y propietarios forestales proviene de subvenciones públicas, en su mayor parte de la Unión Europea, aunque estas últimas tengan que destinarlas al mantenimiento, mejora y desarrollo de los «bosques» de Gipuzkoa, como no sin ironía encabeza sus convocatorias la Diputación Foral.

A ninguno se nos escapa la penuria en la que estos sectores están logrando mantener su actividad, pero también parece claro que las actuales políticas locales que priman la producción de bienes con escaso y menguante valor de mercado tienen un recorrido limitado. Si en otras cuestiones nos miramos en el espejo de países más avanzados, ¿por qué no lo hemos de hacer en esta materia? ¿O es que nada podemos aprender de países que, como Austria, Dinamarca, Eslovenia o Lituania por citar algunos, han apostado en firme por enlazar las subvenciones agrarias con la conservación de la naturaleza? ¿Hemos de esperar a que, en un futuro próximo, sea ésta una condición ineludible para recibir financiación de la UE?

Gran parte de países de la Unión Europea está trabajando en este sentido, pero está visto que aquí deberemos seguir exigiendo a nuestros representantes que garanticen el cumplimiento de las leyes ambientales, a pesar de que las tomen como imposición de entidades supranacionales, con más sentido de la realidad, todo hay que decirlo. Es más, independientemente de la normativa y de los compromisos europeos, entendemos que la naturaleza, la biodiversidad, es algo que no debemos menospreciar tanto, no olvidemos que es ella la que nos da el agua que bebemos, el aire que respiramos, la estabilidad climática y los recursos alimenticios y energéticos que utilizamos.