La Federación de Asociaciones de Periodistas del Estado español (FAPE) consideró ayer que «no dar cobertura informativa a un determinado proyecto de formación política iría en contra de la propia función de los medios de comunicación y de sus profesionales».

La Asamblea General de la FAPE manifestó ayer su desacuerdo con el texto aprobado en el Parlamento de Gasteiz el pasado 28 de febrero que instaba a la Dirección General de EiTB a impedir la presencia de representantes de organizaciones ilegalizadas o no legales, en cualquier formato del ente público vasco.

De esta manera, se refería al texto aprobado por el Parlamento de Lakua, con el apoyo del PSE-EE, PP y UPyD, en la que se instaba a la dirección de EiTB a «impedir que representantes de Batasuna u otras organizaciones ilegales» sean invitados a programas de la radiotelevisión pública vasca, «evitando de esta forma que puedan equipararse a las opciones legítimas y democráticas que forman el espectro político vasco». El texto, votado en el seno de la Comisión de Control de EiTB, recibió el voto en contra del PNV y EB.

A instancias de la Asociación Vasca de Periodistas, la mayor agrupación de periodistas estatal aprobó el pasado sábado en su 70 asamblea general, celebrada en Iruñea, una resolución contra la «injerencia» de las administraciones públicas en el proceso periodístico de elegir «qué es un hecho noticiable».

En contra de su función

A su juicio, la petición del Parlamento a la radiotelevisión de «no dar cobertura informativa a hechos noticiables» iría «en contra de la propia función de los medios de comunicación y de sus profesionales». Según defendió, el informador tiene la obligación de «recoger lo que sucede, lo que no implica que ello suponga posicionarse `per se' a favor o en contra de tales hechos informativos o de sus protagonistas».

La FAPE insistió en que «determinar a priori que sólo se deba informar o dar voz exclusivamente a los interlocutores que vayan a expresarse en un determinado sentido, implicaría negar la existencia de otro tipo de realidades y de posicionamientos, lo que privaría a la sociedad del conocimiento de la realidad en su conjunto».

Además, consideró que la demanda de «no dar cobertura» a la izquierda abertzale ilegalizada y a quien ampara el terrorismo es una afirmación «genérica y amplia», y alertó de que «en base a esto no se podría informar sobre comunicados de ETA, ni mencionar su existencia, ni citar su contenido», al igual que no se podrían hacer reportajes sobre la xenofobia si, en algún caso, se extrapolara esta resolución parlamentaria a otros ámbitos.

Derecho de expresión

Asimismo, recordó que la democracia tiene entre uno de sus «pilares fundamentales» el derecho a la libertad de expresión, por lo que son los protagonistas de los hechos informativos «los únicos responsables de sus acciones y declaraciones y, en consecuencia, serán ellos los que deban hacer frente a las responsabilidades penales de las mismas si las hubiere».

La federación reivindicó el derecho de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y , a su vez, de sus profesionales, para «discernir sobre los hechos noticiables con el objetivo de proporcionar a la sociedad una información completa de la actualidad, sin condicionamientos previos sobre las materias sobre las que se pueda o no informar».