Todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Gasteiz, a excepción del PSE, instaron al Gobierno de Lakua a establecer los acuerdos necesarios para que, en los procesos de ejecución hipotecaria, la dación en pago de la vivienda salde la deuda contraída con el banco.

No obstante, la propuesta de resolución en la que se recoge la petición, presentada por el PNV, sólo hace referencia a los casos en los que se trate de vivienda pública protegida (VPP), y no se cita aquellos casos en los que se trate de vivienda libre.

Además, durante la celebración del pleno monográfico se aprobó una transaccional, firmada por PNV y PP, en la que se solicitó una modificación de la actual Ley del Suelo de la CAV, redactada por el anterior consejero de Vivienda, Javier Madrazo, en la pasada legislatura.

Esta propuesta, según los firmantes, tiene como objetivo dar libertad a los ayuntamientos para que éstos fijen el porcentaje de terreno dedicado a VPP en función de sus necesidades, y en función del número de demandantes. Es decir, que no habría ningún tipo de regulación.

Actualmente, la legislación autonómica en materia de suelo recoge que el 75% de las nuevas viviendas debe ser catalogada como VPP, y sólo el restante 25% de las mismas puede ser destinada al mercado libre.

Además de estas proposiciones, los distintos grupos dieron el visto bueno a más de sesenta propuestas, de las cuales la mayor parte tenía como objeto modificar la política de vivienda del Gobierno de Patxi López, motivo por el que Aralar y los componentes del Grupo Mixto (EA, EB y UPyD) solicitaron la celebración del pleno.

Pero no todas las propuestas fueron contra la política de vivienda del Ejecutivo, ya que entre las medidas aprobadas se encontraba el apoyo al derecho subjetivo a tener una vivienda y la imposición de un canon fiscal para aquellos pisos que permanezcan vacíos.

La repercusión de la crisis

Dichas posturas fueron defendidas en el pleno parlamentario por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, que recordó a los distintos grupos parlamentarios que el «Plan Director de Vivienda 2010-2013», dotado con 1.389 millones de euros, prevé la promoción pública de 20.000 viviendas: 11.900 destinadas a la venta y 8.100 VPP en régimen de alquiler.

Sin embargo, durante su comparecencia, Arriola subrayó que en la actual situación de crisis el Gobierno de Lakua ve «seriamente dificultada» la materialización de la promoción de viviendas en alquiler.

Por ello, el consejero anunció que el Ejecutivo ha puesto en marcha la venta de suelo a sus adjudicatarios y ha iniciado un proceso para tratar de captar dinero de fondos exteriores, fondos de inversión y programas europeos.

Las palabras de Arriola contaron suscitaron el recelo de los grupos de la oposición. Así, el jeltzale Juan Antonio Arieta-Araunabeina tildó el Plan Director de Vivienda de «papel mojado».

En la misma dirección fueron las críticas del parlamentario de Aralar Dani Maeztu, que acusó al Gobierno de Patxi López de «colaborar con quienes contribuyeron a formar la burbuja inmobiliaria» que provocó la crisis económica.

En el otro sentido se posicionó el parlamentario del PSE Jesús Loza, que defendió la política puesta en marcha por el Departamento Iñaki Arriola y pidió consenso entre partidos para solucionar un problema que afecta a muchos vascos.