Atinando viejos desatinos, me gustaría acercarme a la verdad sobre las victimas, y no a su interpretación. Habrá tiempo para ello. Por fin el Ministerio español del Interior ha editado la lista oficial de víctimas mortales que imputa a ETA. Para ello no ha utilizado los comunicados de la organización vasca en los que se atribuye la autoría de sus acciones, sino sus propios datos obtenidos a partir de la «Subdirección General de Atención al ciudadano y de asistencia a las víctimas del terrorismo».

Según esta lista oficial, ETA, habría matado a 829 personas, de las que 486 eran policías o militares. Llama sobre manera la atención el comienzo del recuento, año de 1968, con dos atentados mortales atribuidos a ETA, el del guardia civil José Pardines y el del inspector Melitón Manzanas. El último sería el gendarme francés. Serge Nerin, en marzo de 2010.

Y llama la atención porque el recuento del Ministerio del Interior español pone fin a la expansión de una de las mentiras más escandalosas de los últimos años: la implicación de ETA en la muerte de la niña Begoña Urroz, en Donostia en 1960, en atentado reivindicado por el DRIL. El ministerio español del Interior no incluye en la lista imputada a ETA la muerte de la niña. Dice el refrán que «rectificar es de sabios». Era demasiado burdo. Esperemos que sea una tendencia y no una excepción.

En cuanto a las dos otras listas que circulan por ahí habría que matizarlas por su tendenciosidad. La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) tiene elaborada una lista muy sui géneris en la que aparecen muertos españoles en Iraq, Afganistán y Yemen, mezclando turistas, militares en guerra e incluso personal administrativo. La AVT atribuye a una inexistente organización terrorista llamada «11M» los 192 muertos en Madrid en 2004 con el objetivo, supongo, de mantener la tesis de que ETA está implicada en el suceso.

La AVT desconoce del todo los atentados del BVE o del GAL, aunque incluye en su lista a los abogados comunistas asesinados en su despacho de la calle de Atocha de Madrid, en 1977. También incluye a los muertos en el restaurante El Descanso, en las cercanías de Madrid, atribuidos, según la AVT a la «Yihad Islámica», en 1985. Para concluir con su sesgada información, atribuye a ETA los fallecidos en el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza en julio de 1979, entre 76 y 80 personas. También incluye a Begoña Urroz.

Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), por su parte, engranda una lista atribuyendo a ETA muertos por la Guardia Civil (Emilia Larrea, de Arrasate) y, como la AVT, los fallecidos en el incendio del Hotel Corona de Aragón. Recordarán que durante años, los intoxicadores con menos escrúpulos atribuyeron a ETA el accidente del avión de Iberia en el monte Oiz, en febrero de 1985, con 148 muertos e incluso la explosión de las calderas de propano de una escuela de Ortuella en la que murieron 49 niños y 3 adultos.

En su lista, Covite incluye a los muertos por atentados del GAL o BVE, pero algunos de ellos, como el realizado contra la guardería Iturriaga de Bilbao, que causó tres muertos, lo atribuye falsamente a ETA. Incluye también a Begoña Urroz. Los dos ertzainas muertos en Itsasondo en diciembre de 1995, tras una discusión en un caserío con su inquilino que les disparó con una escopeta, tienen en la lista de Covite un análisis asombroso: fue un atentado atribuido a Jarrai.

Mikel Buesa, ex presidente del Foro de Ermua y dirigente de UPyD, afirmaba en 2008 que ETA había matado a 817 personas. Actualizado nos llevaría a 825 víctimas mortales. El juez Baltasar Garzón, en un auto de agosto de 2002, citaba a 846 los muertos por ETA, lo que actualizado nos llevaría a 867. El socialista Txiki Benegas, por cierto titular en su tiempo de Interior del Consejo General Vasco, nos decía, en 2004, que ETA había matado a 934 personas, lo que nos llevaría al día de hoy a 946. La Fundación Víctimas del Terrorismo achaca a ETA la muerte de 857 ciudadanos.

Es evidente que para confeccionar una lista tan sencilla, el criterio ideológico prima sobre el resto. Ninguno de ellos se atreve a numerar los muertos por el Estado en esta época, es decir desde el nacimiento de ETA hasta nuestros días. Un reciente trabajo de la Fundación Euskal Memoria imputa al Estado español la muerte, en ese período, de 474 personas. La mayoría de ellas no tenían ningún tipo de militancia política, otras fueron muertas por grupos parapoliciales.

Tomando las cifras del Ministerio español del Interior, y la de Euskal Memoria, ambas sin duda susceptibles de modificaciones, nos encontraríamos con un número de víctimas mortales que, en absoluto, se parece al que una y otra vez nos presentan muchos medios y organismos como la parte más dramática del llamado «conflicto vasco». Según esta estimación, entre marzo de 1961 (primeros muertos por la represión del Estado en su actividad contra ETA y 2010 (último muerto por ETA), se habrían producido 1.303 víctimas mortales. Que es la cifra que se debería destacar en un recuento no tan interesado como los de las asociaciones citadas.

Siendo una cifra resultante de la suma de dos análisis previos, no creo, sin embargo, que se acerque a dar una suma definitiva. Las distorsiones a este número ofrecido serían varias. El Estado, como es sabido, ha impuesto una legislación especial, propia de guerra o de sistema totalitario, pero también ha generado diversas iniciativas propias del mismo sistema. En todas las ocasiones con el mismo objetivo de terminar con su disidencia.

Pongo un par de ejemplos al hilo de la idea anterior. Diego Figuera, un médico acusado de centenares de muertes por sus experimentos en válvulas para el corazón, trabajó para el CESID en un trabajo de encargo con el objetivo de encontrar una fórmula para poder secuestrar etarras. Para los experimentos, según diversas informaciones periodísticas, fueron utilizados como cobayas varios mendigos de Madrid, que fallecieron en las pruebas. ¿Sus nombres?

Un tema más complejo es el de la droga, en especial la heroína, y sus derivaciones (SIDA). En la década de los 80, Euskal Herria se puso a la cabeza del consumo de heroína de Europa. La heroína era la más barata del entorno, la de mayor pureza y circuló profusamente en lugares tradicionalmente combativos como Orereta, Elgoibar, Hernani o Bermeo.

Varias asociaciones pusieron el dedo en la llaga y relataron un interés político en la distribución de la heroína: la desactivación de la juventud vasca. En pocos años, los jóvenes muertos a consecuencia de la heroína pasaron de dos millares. Las querellas, informaciones periodísticas, etc. de aquella época ligaban estrechamente a Rodríguez Galindo y varios de sus subordinados en el narcotráfico. GAL y narcotráfico estuvieron íntimamente unidos. Quizás sea demasiado atrevido decirlo, pero en muchas ocasiones parecieron distintas patas de una misma mesa.

¿No fueron aquellas víctimas fruto de un diseño determinado que quería desactivar, en diversos frentes, el compromiso de la juventud vasca? Una parte, sin duda, fue estructural. La otra, desde mi punto de vista, inducida. Y si fuera así, como parece sugerir el detalle de la intervención del Estado en la llamada cuestión vasca, ¿no habría que ampliar el listado de víctimas? ¿O son, por el contrario, efectos demasiado colaterales?

Podrían abrirse otras reflexiones, podría definirse con mayor precisión el concepto de víctima. Podría, sin duda, ampliarse a un escenario más dilatado que no sea únicamente el de las victimas mortales. En fin, creo que, de manera sosegada, necesitamos un debate en profundidad sobre estos últimos 50 años de nuestra historia en los que la negación de unos derechos colectivos ha generado un conflicto en la que una de las partes aún continua intoxicando sobre su responsabilidad. Ya lo han leído hace pocos días. Sergio Calore, neofascista italiano y principal testigo conocido sobre la muerte de Pertur, ha aparecido degollado. La verdad sigue siendo revolucionaria.