«No dejaremos a nadie en la cuneta de la historia». Así de contundente fueron los portavoces del Colectivo Jon Anza que comparecieron ayer, en Baiona, ante la prensa al cumplirse dos años, desde la desaparición del militante abertzale.

Con motivo de este triste aniversario, los comparecientes repasaron cronológicamente los sucesos acaecidos desde que Anza tomara el tren en dirección a Toulouse hasta el «descubrimiento» de su cadáver.

«Una serie de hechos que -manifestó Anaiz Funosas- siguen sin tener una versión creíble». Y es que no llegan a explicarse cómo es posible que Anza no fuese identificado en cuanto fue llevado al hospital Purpan cuando existían elementos (billete de tren de ida y vuelta, cicatriz reciente que demuestra un seguimiento médico continuado...) que hacían relativamente sencillo el establecer su identidad.

Las preguntas sin respuesta siguen, por tanto, vigentes y así las enumeró el citado colectivo: «¿Por qué no se efectuó una investigación como es debido? ¿Qué le ocurrió durante los diez días desde su llegada a Toulouse hasta que fue ingresado en el hospital? ¿Qué se pretende esconder para que el cuerpo no aparezca hasta diez meses más tarde?».

Certezas irrefutables

El desarrollo de los hechos, sin embargo, les ha llevado a tener «certezas irrefutables». Están convencidos de que se trató de un «secuestro político», de que tanto el Estado español como el francés «están implicados» en el caso y que están «ocultando datos» para que no se conozca a ciencia cierta lo sucedido.

Además, no dudan en establecer responsabilidades políticas directas y apuntan al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y, sobre todo, a Michèle Alliot-Marie. «Es la ausente omnipresente en todo esto», apostilló Gabi Mouesca, recordando que la electa de Donibane Lohizune era ministra de Interior cuando desapareció el militante de ETA y que, en los meses posteriores, ocupó la cartera de Justicia.

Todo ello les lleva a reafirmarse en su convicción de que «nos encontramos ante una cuestión de Estado», lo que no merma ni un ápice la exigencia del colectivo para que la verdad salga a la luz de una vez por todas. Con ese objetivo, tras invocar la función de «contrapoder que en un estado que se declara de derecho» tienen los medios de comunicación, instaron a éstos a «indagar e investigar» sobre este caso.

La abogada de la familia, Maritxu Paulus-Basurko, indicó que la investigación de la jueza Myriam Viargues sigue abierta, pero asumió que las preguntas esenciales siguen sin respuesta. Obligada por el secreto profesional, no pudo ahondar en detalles, aunque sí denunció la «falta de consideración» de la magistrada instructora para con la familia, a la que «ni tan siquiera ha visto para darles una mínima explicación de cómo va la investigación, como suele ser habitual».

Tampoco escondió el «enfado y disgusto» de los allegados de Anza por las omisiones y fallos habidos, así como por las filtraciones de informaciones en determinados medios cuando a ellos no les comunicaban nada.

En ese contexto, el Colectivo Jon Anza ha convocado una concentración de denuncia para el 29 de abril, a las seis de la tarde, ante el Palacio de Justicia de la capital labortana.