ELA presentó ayer en Bilbo el informe sobre «Medidas de política fiscal para financiar la solidaridad social» en el que se constatan «las diferencias estructurales» entre la situación de Hego Euskal Herria y la Unión Europea. «Aquí tenemos un nivel mucho más bajo de protección social y de presión fiscal», como así destacó Mikel Noval, responsable del Área Social de ELA.

Ambos elementos están interrelacionados, a juicio del sindicalista, puesto que la CAV gasta en protección social el 19% del PIB frente al 27% de la UE y, por el contrario, la presión fiscal europea se encuentra en el 41%, mientras que en el ámbito de las haciendas vascas baja hasta el 31%. «Son diferencias importantes, porque la CAV gasta 5.200 millones menos en protección social y, a la vez, recauda 6.400 millones menos por su política de apoyo a las rentas empresariales y de capital», denunció Noval.

Con la puesta en marcha de medidas concretas, ELA entiende que se podrían recuperar 1.903 millones al año si se produjera una subida del Impuesto de Sociedades al 35%, la restitución del Impuesto de Patrimonio y la recuperación de la progresividad del IRPF hasta el 56%, según concretó Mikel Noval.

Adolfo Muñoz, Txiki, resaltó, por otro lado, que «quienes nos gobiernan han decidido secuestrar el debate fiscal» y recordó que «la sociedad se indignaría si supiera al detalle la apuesta que hacen las haciendas a favor de los poderosos». Un ejemplo es el creciente fraude fiscal.

Rentas de los asalariados

ELA recordó que las rentas que declaran los asalariados son más elevadas que las de los empresarios y profesionales. Los primeros declaran ingresos anuales por un valor medio de 21.274 euros y los segundos, de 13.141 euros. «En el mismo sentido -explicó Noval- casi 7 de cada 10 declaraciones en el Impuesto de Sociedades de 2007 -último dato conocido- son de empresas que dicen estar en pérdidas, con resultado cero o con beneficios inferiores a 6.000 euros al año, cuando todavía no había crisis».

Txiki Muñoz adelantó que «como se ve, tenemos muchísimos motivos para estar preocupados. PNV, PP, PSE y Hamaika Bat tienen un acuerdo en materia fiscal para apoyar y beneficiar al capital y a los poderosos». Lamentó, sin embargo, que en Hego Euskal Herria no haya un debate abierto sobre la fiscalidad en este momento que llegan las elecciones forales y municipales. «Sabemos quiénes van a ser las personas que encabezan las listas de cada partido, pero no lo que quieren hacer con la recaudación fiscal, que es fundamental para llevar adelante las diferentes políticas económicas y sociales».

Tachó de «antidemocrática» la falta de ese debate público, incluso en el Consejo Económico y Social Vasco, por lo que exigió que «se dé marcha atrás a ese modelo que sólo apoya a las rentas de los ricos».

Para el líder de ELA, hay tres decisiones de los gobiernos que son «muy graves». La primera, a juicio de Muñoz, «no acudir al déficit en un momento de gran necesidad social y, en cambio, estar pendiente de lo que decide Madrid. Es un problema de autogobierno claro».

Este hecho lleva al siguiente, como es que «hay una renuncia expresa de estos gobiernos a que la fiscalidad financie la solidaridad». Porque «no se quiere que se grave más a los ricos», según indica el informe.

«Pioneras en descapitalizar»

Para él, «las haciendas vascas son pioneras en la descapitalización de la propia hacienda. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del Gobierno de Gasteiz es de 9.802 millones. Si tuviéramos una presión fiscal similar a la media europea lograríamos recaudar 6.400 millones más o los 1.903 millones más con los cambios que hemos propuesto, pero no acceden». Adolfo Muñoz precisó que «quienes mandan prefieren los recortes sociales antes que gravar las rentas de los ricos».

ELA confirmó que «el modelo fiscal ha desaparecido del debate político», por lo que demandó que haya un debate real y participativo a nivel social «en el que tengan cabida las distintas alternativas existentes».

Porque, a juicio de ELA, las haciendas vascas y los partidos políticos que las sustentan, como son el PNV, PSE, PP y H1, no pueden establecer que la única alternativa posible sea la actual política fiscal, porque «es injusta». Por eso, la central sindical concluyó en que se debe poner «al servicio de una distribución de la riqueza más justa y solidaria, para que los impuestos permitan financiar la solidaridad social. Riqueza hay, se debe distribuir mejor».