El Ejecutivo de Damasco aprobó un proyecto de ley para levantar el estado de emergencia, una de las principales reivindicaciones de la revuelta popular que sacude el país, más de un mes después del inicio del movimiento, que se recrudeció notablemente durante estos últimos días.

De todos modos, el régimen advirtió de que no aceptará ninguna nueva manifestación en el país, donde otras cuatro personas fallecieron a causa de los disparos realizados por las fuerzas de seguridad cuando se disponían a desalojar una sentada en la ciudad de Homs (160 kilómetros al norte de la capital), según indicó un defensor de derechos humanos a AFP.

La Ley de Emergencia, cuyo levantamiento aprobó ayer el Gobierno, data de 1962 y está en vigencia desde la llegada al poder del partido Baaz en 1963. El actual presidente, Bashar al-Assad, había prometido el sábado que la norma sería abolida en «una semana como máximo».

«Se ha formado un comité jurídico para estudiar el levantamiento del estado de emergencia. El estudio de estas leyes concluirá, como máximo, la próxima semana», dijo Al-Assad durante la primera reunión del nuevo Gobierno sirio, designado el jueves pasado.

La mayor parte de los 23 millones de sirios nació o creció bajo el rígido control del estado de emergencia que, entre otras cuestiones, impuso severas limitaciones a los medios de comunicación, permitió escuchas de telecomunicaciones y la detención sin ningún tipo de orden judicial.

Guerra contra Israel

El régimen siempre ha sostenido que la razón de ser de esta normativa es el estado técnico de guerra con Israel, aunque los activistas pro derechos humanos sostienen que fue utilizada como principal herramienta del sistema autoritario.

El Gobierno también aprobó proyectos de ley para abolir la Corte de Seguridad del Estado y para reglamentar el derecho de manifestación, informó la agencia oficial Sana citada por AFP.

Pese a esta concesión, el régimen de Bashar Al-Assad, que alcanzó el poder en 2000 tras la muerte de su padre Hafez, aseguró poco antes que no aceptará ninguna nueva manifestación «bajo ninguna consigna».

En un comunicado recogido por Efe, el Ministerio de Interior sirio calificó los incidentes ocurridos en los últimos días en Homs -donde se han registrado al menos 30 muertos- y en la vecina Banias de «rebelión armada» llevada a cabo por grupos salafistas que «quieren establecer emiratos islámicos». La nota aseguraba que esos grupos, a los que acusó de haber atacado propiedades públicas y privadas, habrían matado a miembros del Ejército, de la Policía y a civiles.

El Ministerio describió esos actos como «crimen terrible», cuyo objetivo es extender el caos entre los ciudadanos, a quienes pidió que no organicen ningún tipo de marcha, protesta o huelga, además de instarles a colaborar de manera efectiva con las autoridades para recuperar la estabilidad y la seguridad.

Más de un mes después del comienzo del movimiento de contestación, en la continuación de las revueltas populares en el mundo árabe, las manifestaciones se han extendido a numerosas ciudades del país y han adquirido un tinte más radical, pasando de una demanda de reformas a hacer llamamientos claros y directos a derrocar el régimen de Al-Assad.

Movilizaciones y represión

A pesar de los mensajes difundidos por parte del régimen, tanto antes como después del anuncio se registraron numerosas manifestaciones en el país.

Antes del amanecer, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que realizaban una sentada en una plaza de la ciudad de Homs, a quienes persiguieron durante horas por las calles aledañas.

Testigos contactados por Associated Press (AP) afirmaron que al menos una persona había muerto y que varias más habían sufrido heridas.

Por otra parte, el anuncio del Gobierno fue recibido con una manifestación a favor de la democracia en la ciudad de Banias, en la costa mediterránea, según informaron defensores de los derechos humanos.

«Ni salafistas, ni Hermanos Musulmanes. Somos buscadores de la libertad», corearon los cientos de personas que se echaron a las calles de la ciudad, en la que en las últimas semanas se han registrado varias protestas e incidentes con las fuerzas de seguridad.