La Fiscalía ha pedido una multa de dos mil euros contra un escolta, responsable de una empresa se seguridad, por haber colocado una bomba falsa en el buzón de una juez con la que compartía vivienda en Donostia. Los hechos se produjeron en mayo del año pasado y desde el PP y el PSE aprovecharon lo ocurrido para tratar de desacreditar la apuesta de la izquierda abertzale justo cuando había concluido el debate interno del que salió la resolución «Zutik Euskal Herria». Hamaikabat emitió una nota de condena. A las horas, ya no había quien sostuviera la tesis del intento de atentado y el tema cayó en el olvido, hasta ayer.

Llama la atención, en primer lugar, que este caso esté siendo instruido en un juzgado guipuzcoano y no haya sido remitido a la Audiencia Nacional, tal como sucede con cualquier suceso en el que aparezca la palabra «bomba», simulada o real, en territorio vasco. Lo más chocante es, sin embargo, que el Ministerio Público solicite en contra del escolta sólo una multa, cuya cuantía queda lejos además de las cantidades que se suelen pedir en otros casos. Y surge la pregunta. ¿Cuál sería la petición fiscal en este mismo caso si el encausado, en vez de un escolta, hubiera sido, por ejemplo, un joven donostiarra? La respuesta es conocida en un país en el que hay personas encarceladas por denuncias anónimas de haber asistido a una manifestación.

No hay que pasar por alto, por otra parte, el hecho en sí. El que un responsable de una empresa de seguridad, que ejerce labores de escolta, simule un intento de atentado demuestra que un sector compuesto por cientos de personas, ligado a la seguridad, ve como amenaza un nuevo escenario en Euskal Herria, en el que sus servicios no fueran requeridos por nadie. Tanto o más podría suceder en cuerpos policiales suyos miembros han hecho carrera a la sombra de un conflicto que ha dejado profundas heridas en la sociedad. Sectores que no ven con buenos ojos lo que está pasando y que harán lo posible por mantener su estatus.