La Fiscal�a ha pedido una multa de dos mil euros contra un escolta, responsable de una empresa se seguridad, por haber colocado una bomba falsa en el buz�n de una juez con la que compart�a vivienda en Donostia. Los hechos se produjeron en mayo del a�o pasado y desde el PP y el PSE aprovecharon lo ocurrido para tratar de desacreditar la apuesta de la izquierda abertzale justo cuando hab�a concluido el debate interno del que sali� la resoluci�n �Zutik Euskal Herria�. Hamaikabat emiti� una nota de condena. A las horas, ya no hab�a quien sostuviera la tesis del intento de atentado y el tema cay� en el olvido, hasta ayer.

Llama la atenci�n, en primer lugar, que este caso est� siendo instruido en un juzgado guipuzcoano y no haya sido remitido a la Audiencia Nacional, tal como sucede con cualquier suceso en el que aparezca la palabra �bomba�, simulada o real, en territorio vasco. Lo m�s chocante es, sin embargo, que el Ministerio P�blico solicite en contra del escolta s�lo una multa, cuya cuant�a queda lejos adem�s de las cantidades que se suelen pedir en otros casos. Y surge la pregunta. �Cu�l ser�a la petici�n fiscal en este mismo caso si el encausado, en vez de un escolta, hubiera sido, por ejemplo, un joven donostiarra? La respuesta es conocida en un pa�s en el que hay personas encarceladas por denuncias an�nimas de haber asistido a una manifestaci�n.

No hay que pasar por alto, por otra parte, el hecho en s�. El que un responsable de una empresa de seguridad, que ejerce labores de escolta, simule un intento de atentado demuestra que un sector compuesto por cientos de personas, ligado a la seguridad, ve como amenaza un nuevo escenario en Euskal Herria, en el que sus servicios no fueran requeridos por nadie. Tanto o m�s podr�a suceder en cuerpos policiales suyos miembros han hecho carrera a la sombra de un conflicto que ha dejado profundas heridas en la sociedad. Sectores que no ven con buenos ojos lo que est� pasando y que har�n lo posible por mantener su estatus.