Ruben PASCUAL

Corría el mes de agosto de 2008 cuando el ex obispo Fernando Lugo estrenaba la Presidencia paraguaya tras poner fin a la hegemonía que el derechista Partido Colorado había ostentado durante gran parte del siglo XX, incluidos los 35 años de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1912-2006).

«Termina un Paraguay exclusivo, secretista, con fama de corrupción. Hoy nace un nuevo país, donde las autoridades serán implacables con los ladrones del pueblo», proclamó un emocionado flamante mandatario, quien durante su discurso se refirió a los pueblos indígenas y anunció que trabajaría para devolverles sus territorios ancestrales.

«Estas tierras, de ahora en adelante más, no sólo serán sagradas para su cultura, sino también para la aplicación de la ley. Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga, tendrá la misma impunidad que tuvo siempre», sentenció.

Ordenado sacerdote en 1977, se convirtió en 1994 en el obispo más joven de Paraguay y fue enviado al departamento de San Pedro, el más pobre del país, donde rápidamente se hizo conocido por su apoyo a los campesinos sin tierra en momentos de conflictividad rural. De hecho, la comprometida actitud de aquel entonces le valió el título de «obispo de los pobres».

Aún a día de hoy, este departamento situado en el centro-este del país constituye un vivo ejemplo de la lucha por la tierra y todos los factores que influyen en esta problemática son claramente apreciables.

Según datos ofrecidos por TeleSur, que citaba al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (Indert), Eugenio Alonso Massare, este departamento de 20.010 kilómetros cuadrados -extensión similar a la de El Salvador-, cuenta con unos 17.000 campesinos sin tierra registrados en el último informe de este organismo, divulgado el pasado 10 de marzo. En el conjunto del país, la cifra total se eleva hasta alcanzar los 71.000.

Según un cálculo del director del Centro de Investigaciones Sociales (Baseis), Tomás Palau, existen aproximadamente 300.000 familias sin tierra en Paraguay.

Para el presente año, el Indert cuenta con un presupuesto de 180.000 millones de guaraníes (unos 28 millones de euros) para la compra de tierras. De acuerdo con Massare, el instituto tiene previsto dar prioridad a los habitantes de San Pedro.

Sin embargo, los años van pasando. Ya han transcurrido dos largos años desde que Fernando Lugo cogiera las riendas del país. Y los campesinos san pedranos siguen sin ver la luz al final de su túnel.

Dos años después, ven cómo las tierras siguen en manos de los extranjeros. Según el economista paraguayo Luis Rojas, del Baseis, no existe actualmente ningún límite o restricción alguna a la adquisición de tierras por parte de foráneos. «Es de venta pura y simple», explicó a TeleSur, que ha elaborado un dossier sobre el conflicto.

Rojas señaló que «hace algunos años se puso en vigencia la ley de zona de seguridad fronteriza, que establece que los extranjeros no pueden comprar tierras en un espacio dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del país. No obstante -precisó-, en la práctica, esto muy poco se cumple». Según el estudio «Extranjerización de la tierra y el territorio» realizado por el antropólogo Marcos Glauser, unas 4.792.548 hectáreas, un 95% del territorio nacional, está en manos de campesinos, colonos y terratenientes de origen brasileño, por lo que se hace casi imposible el desarrollo de una agricultura soberana, más aún teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos terrenos son empleados para el monocultivo de soja transgénica, un cultivo que conlleva la deforestación y el uso de productos agrotóxicos altamente nocivos.

Por el derecho a la tierra

Tras largos años a la espera de un pedazo de tierra, esa tierra que siempre han trabajado en beneficio de otros, los campesinos san pedranos -organizados en la Liga Nacional de Carperos- han tomado la determinación de llevar a cabo ocupaciones pacíficas de tierras, valiéndose para ello únicamente de precarias carpas de plástico.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar, y la Policía respondió con desalojos a cada ocupación, llegando también a imputar y encarcelar a campesinos.

Tal y como asegura María, una campesina que habló con TeleSur, por encima del miedo a la acción policial y sus consecuencias, está la necesidad de trabajar: «Ellos nos ven como enemigos. Ellos tienen el poder legislativo y judicial, pero nos tienen que dar un pedazo de tierra para que podamos comer».