Simular un atentado contra una jueza no pasa de una multa por ser escolta
La Fiscalía de Gipuzkoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad y que fue candidato del PP, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una jueza en el barrio donostiarra de Aiete. Los hechos tuvieron lugar el 9 de mayo de 2010 y dieron origen a un impresionante revuelo mediático cuando se especuló con que se trataba de una acción de ETA o de un caso de «kale borroka».
GARA | DONOSTIA
En el escrito de acusación de la Fiscalía, del que ayer informó la agencia Efe, se relata que los hechos por los que va a ser juzgado el jefe de una empresa dedicada a servicios de seguridad y candidato del PP se produjeron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables, mezclados con publicidad, en el buzón del domicilio que compartía con una jueza en la calle Goiko Galtzara Berri, en el barrio donostiarra de Aiete.
Posteriormente, sobre las 12.30, acudió a la vivienda con un compañero de trabajo y abrió el buzón, del que extrajo los detonadores y los cables que «él mismo había depositado allí anteriormente». Entonces, aparentó que «habían sido colocados por personas desconocidas» y llamó por teléfono a la Policía española, «identificándose como escolta privado y jefe de seguridad» de una empresa del sector «fingiendo ser víctima de un delito».
Por este motivo, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de «simulación de delito», por lo que solicita una multa de 2.160 euros para el procesado y que abone las costas.
La Fiscalía puntualiza que este suceso, que provocó un gran revuelo mediático, «no se corresponde con el modus operandi de las acciones que hasta la fecha ha empleado la banda terrorista ETA ni los grupos de terrorismo callejero afines a ella». Lo que no recoge es que, en el caso de que esos mismos elementos hubieran sido colocados, por ejemplo, por un joven independentista, el procesado se enfrentaría a una petición fiscal de muchos años de cárcel.
Zona desalojada
Aquel 9 de mayo, la Policía española dio cuenta de los hechos a la Ertzaintza, que «activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones», por lo que sus agentes aseguraron la zona y rastrearon las inmediaciones para localizar y neutralizar otros artefactos explosivos que pudieran haber sido colocados en las proximidades. Este área de Aiete fue desalojada y, posteriormente, acordonada entre las 12.30 y las 15.00, hasta que los artificieros terminaron su labor.
Una dotación de la Unidad de Desactivación de la Ertzaintza comprobó que no existían más explosivos en la zona y se ocupó de los detonadores hallados en el buzón, mientras la Unidad de Policía Científica efectuó una inspección ocular para recoger evidencias de lo ocurrido.
La Audiencia Nacional española incoó unas diligencias previas, pero luego se inhibió en favor de los Juzgados de Donostia, donde el escolta prestó declaración en calidad de perjudicado.
El escrito de acusación indica que el imputado había realizado un curso básico de uso y manejo de explosivos. Los dos detonadores que poseía eran eléctricos industriales «antigrisú»; se encontraba «cortocircuitado» y el otro se hallaba con «los cables sueltos», una situación que «incrementa el riesgo de que se produzca una detonación no deseada».
Tras el hallazgo, hace menos de un año, de lo que parecía un artefacto explosivo dispuesto para atentar contra la vida de una jueza en el barrio donostiarra de Aiete, PSE, PP y Hamaikabat aprovecharon para arremeter contra la izquierda abertzale hasta que el consejero de Interior del Ejecutivo de Lakua, Rodolfo Ares, desveló que los detonadores eran de origen industrial, de un tipo que nunca ha usado ETA.
Antes de la advertencia de Ares, su compañero Iñaki Arriola, secretario general del PSE de Gipuzkoa, había reclamado a ETA, a la que no tardó en atribuir la autoría del supuesto atentado, que dejara las armas. El también consejero de Transportes del Gobierno de Patxi López dijo que el hecho ponía de relieve «la continuidad de la amenaza terrorista sobre los vascos».
Además, mostró su «apoyo y solidaridad a los residentes de la vivienda donostiarra y a sus familias».
No se quedó atrás el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, que aseguró que «estas amenazas confirman que nada ha cambiado entre los radicales». Semper, que no sabía entonces que el presunto autor de los hechos era un candidato de su partido a las elecciones, manifestó que «los terroristas no lograrán sus objetivos», porque la «sociedad los rechaza» y «las FSE los persiguen para ponerlos en manos de la Justicia».
Tanto el PSE como el PP incidieron en descalificar la apuesta de la izquierda abertzale por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas que había quedado plasmada el documento ``Zutik Euskal Herria'' tres meses antes. GARA
