Mientras que el PP y el PSOE siguen cruzándose reproches tras la excarcelación Antton Troitiño, Manos Limpias anunció ayer que presentará una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tomaron la decisión de excarcelar al preso político donostiarra por «presunta negligencia e imprudencia grave».

Tras la salida de prisión y la polémica mediática levantada por el PP, los tres mismos jueces -Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María de los Ángeles Barreiro- revocaron la decisión y ordenaron la detención del ciudadano vasco, que todavía no ha sido localizado.

En una nota, el colectivo ultraderechista anunció que hoy mismo presentará la denuncia ante el CGPJ por «presunta negligencia e imprudencia grave, ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales e inseguridad jurídica, con motivo de la resolución sobre la excarcelación».

El anuncio llega días después de que el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, exigiera al máximo órgano de gobierno de los jueces que abriera una investigación y depurase responsabilidades por las «contradicciones» que, a su entender, se produjeron en torno a la liberación de Troitiño, que ha permanecido 24 años en prisión.

«Apariencia jurisdiccional»

Tras estas declaraciones, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró que no se había presentado ninguna queja ante ese órgano en relación a este caso y que actuaría «con suma prudencia», ya que se trataba de una cuestión con «cierta apariencia jurisdiccional», por lo que no les compete. «La competencia del Consejo afecta a ámbitos gubernativos y disciplinarios», matizó.

A este caso se refirió ayer de nuevo el PP de boca de su secretario de Comunicación, Carlos Floriano. A su entender, «hay determinadas resoluciones judiciales que no tienen ningún sentido y que se hacen irresponsablemente». Dijo que en este caso «se podía haber actuado para evitar su fuga porque el proceso estaba abierto y había un recurso de la Fiscalía que daba un margen para esto no hubiera pasado».

Sobre este punto, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín publicaba ayer un artículo en «El País» en el que aclaraba que el recurso presentado por el fiscal «no alteró la situación jurídica» y que, por tanto, la vigilancia sobre Troitiño «seguía siendo ilegal».