En la página 68 del informe de la Abogacía del Estado puede leerse textualmente que «entre los candidatos de Bildu no pertenecientes ni a Eusko Alkartasuna ni a Alternatiba, esto es, entre los sedicentemente `independientes', existe un importante porcentaje de personas vinculadas a la izquierda abertzale ilegalizada, o susceptibles de ser percibidas icónicamente como tales por el electorado, a fin de movilizar el voto de la izquierda abertzale».

El párrafo encierra una carga de profundidad que difícilmente puede soslayarse, y no tanto por las gratuitas imputaciones sobre los independientes, sino por la aparentemente inocente afirmación de «entre los candidatos no pertenecientes a EA ni a Alternatiba...» Según puede comprobarse en los listados hechos públicos en los boletines oficiales de cada territorio, a diferencia de otras candidaturas, donde se hace constar la condición de «independiente» de algunos de sus miembros, en las planchas de Bildu no figura ninguna distinción de si cada persona pertenece o no a EA o a Alternatiba. ¿Cómo sabe entonces la Abogacía del Estado quiénes no pertenecen a esos partidos? ¿Tienen acaso las FSE o cualquier otro organismo del Gobierno español un listado de los afiliados de los partidos políticos? ¿O sólo de los de EA y Alternatiba?

La Abogacía del Estado no puede alegar que actúe por descarte de los que considera relacionados claramente con la izquierda abertzale, puesto que en el mismo párrafo reconoce que no todos esos independientes, sino sólo «un importante porcentaje», están ideológicamente identificados. ¿Existen por tanto ficheros ilegales donde constan esos datos?