En medio de la persecución mediática, policial y judicial sobre el ex preso Antton Troitiño, amigos, familiares y vecinos de Intxaurrondo (Donostia) reclamaron ayer el fin de todo tipo de «iniciativas de odio y venganza» contra los presos políticos vascos. En una rueda de prensa convocada por el movimiento pro-amnistía y en la que comparecieron la hija del donostiarra, Marrubi Troitiño, y su sobrino Mattin Troitiño, además de ex presos, familiares de presos y una veintena de vecinos, denunciaron que la pretensión del Gobierno español es «eternizar la situación de represión y conflicto», en lugar de «situar la política penitenciaria en claves de solución». Por ello, desde el movimiento antirrepresivo animaron al Ejecutivo español a que se «acerque» a las bases que recoge el Acuerdo de Gernika.

Entendiendo que en Euskal Herria «se ha abierto un nuevo ciclo político», recordaron que en Irlanda, al cabo de dos años desde el Acuerdo de Viernes Santo, todos los presos políticos fueron puestos en libertad, «sin tener que mostrar su arrepentimiento como condición para su excarcelación». Y remarcaron que en Sudáfrica la liberación de presos se llevó a cabo durante ocho años. Así pues, desde el movimiento pro-amnistía reivindicaron que la liberación de los presos políticos «debe ser una de las consecuencias» del proceso en Euskal Herria. Y que para ello, «la política penitenciaria debe dejar de ser una herramienta represiva».

«Que rectifique Zabaleta»

En cuanto a las declaraciones del líder de Aralar, Patxi Zabaleta, que consideró que Antton Troitiño debería entregarse, sus familiares y amigos denunciaron que sus palabras «han sido hirientes». Según afirmó la portavoz de los comparecientes, «el hecho de pedir a Antton Troitiño que vuelva a prisión supone negar la propia crueldad de esta política penitenciaria». Le recordaron que si Troitiño fuera encarcelado sería dispersado de nuevo a miles de kilómetros, que si enfermara lo mantendrían en prisión y que probablemente atrasarían una y otra vez su libertad. A esta lista añadían que sus familiares y amigos tendrían que seguir jugándose la vida en la carretera, «al igual que lo han hecho durante 24 años».

También quisieron recordarle al dirigente de Aralar que las largas estancias en prisión provocan graves e irreversibles consecuencias sicológicas y físicas. «Que una persona que ha reivindicado en tantas ocasiones todos los derechos humanos se exprese con tanta frivolidad ante este caso, nos parece realmente grave», aclararon. Por tanto, exigieron a Zabaleta que retire sus declaraciones.

Resolución política disfrazada

Desde el movimiento pro-amnistía denunciaron también que la orden de detención contra Antton Troitiño «ha dejado a las claras la política de venganza que se lleva a cabo contra los presos políticos».

Después de que Troitiño saliera en libertad tras la aplicación de la legislación española, «cuando la ley no coincidía con su voluntad política han forzado la orden de detención disfrazando una una decisión política de resolución jurídica», dijeron.