El Gobierno español se ha metido en un buen lío y, de paso, ha creado un enorme problema a los tribunales españoles. Porque no cabe engañarse, el orden de actuación es ése. El PSOE (el de Zapatero, pero también el de Patxi López y el de Odón Elorza y Patxi Lazkoz) no puede decir que su obligación era presentar los informes policiales a los tribunales, puesto que fue el Gobierno quien ordenó realizar dichos informes con el objetivo único de impugnar las candidaturas de Bildu. De hecho, es patente y constatable que existen otras planchas a las que si se aplicaran los mismos criterios policiales que a la coalición, tampoco podrían presentarse y que, sin embargo, ni siquiera han sido investigadas.

La presentación de los recursos por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado introduce la cuestión en un enfangado terreno jurídico (y de vulneración de las libertades individuales, donde acaba por perderse la perspectiva general. Una simple pregunta, sencilla de responder, nos sitúa ante el núcleo de lo que ocurre: ¿Alguien cree realmente que a través de la presencia de los candidatos de Bildu que sean elegidos para estar en las instituciones ETA se introduce en los ayuntamientos y en las Juntas Generales?

Y si, evidentemente, nadie en su sano juicio piensa eso en Euskal Herria, lo que queda claro es que nos encontramos ante un perverso juego partidista, en el que, por un lado, PSOE y PP tratan de retrasar lo más posible la configuración de un polo independentista en las instituciones que abra caminos de libertad y acabe con el actual mapa electoral adulterado que les otorga cargos que de otra forma jamás obtendrían; y, por otro lado, utilizan la cuestión vasca en su particular pugna electoral, que por momentos alcanza tintes tan esperpénticos como inmorales.

Un segundo aspecto a la hora de situar el alcance real de la impugnación de Bildu es el del contexto político, marcado por el alto el fuego permanente, general y verificable decretado por ETA, que estos mismos días ha sumado un ingrediente histórico: la notificación oficial a los empresarios de la cancelación del «impuesto revolucionario». Y a esto se añaden los cambios de estrategia acordados por las bases de la izquierda abertzale, que les han llevado a alejarse nítidamente de todo tipo de uso de la violencia -incluida la de ETA- para la consecución de objetivos políticos, y la apuesta por la acumulación de fuerzas con formaciones políticas con las que hasta anteayer era casi impensable que pudieran formar ningún tipo de actuación unitaria o concertada, lo que demuestra no sólo una evolución temporal, sino también una nueva adaptabilidad ideológica.

Por tanto, nos encontramos traspasando el umbral de entrada a un nuevo ciclo histórico, con unas características desconocidas durante el último medio siglo y que empieza a ser reconocido por todos los agentes, hasta el punto de que incluso desde el Gobierno español o desde instancias del PP se asume que los pasos que están dando en estos momentos no pretenden otra cosa que retrasar lo inevitable con una suerte de «cuarentena».

Y es en este nuevo contexto de nítida apuesta por las vías pacíficas, cuando el Estado español se apresta a cometer la mayor tropelía contra los derechos políticos conocida hasta la fecha, llegando al punto de impedir su participación electoral a dos partidos legales. No nos encontramos ante la ilegalización (que siempre sería cuestionable) de un partido por considerarlo el brazo político de una organización armada, sino de impedir que concurran a los comicios dos partidos legales por llevar en su coalición personas independientes de las que se reconoce que en su inmensa mayoría no tienen ninguna relación punible con otras formaciones antes ilegalizadas.

Por esta vía se está llegando a la extensión casi al infinito de las causas de ilegibilidad de un ciudadano o ciudadana, provocando que otras 3.700 personas pasen a engrosar el listado de negros en la Sudáfrica del apar-theid, gentes con sus derechos civiles mutilados sin condena judicial alguna, merced a unos ficheros policiales que tienen todas las trazas de ilegalidad y que son aceptados sin cuestionamiento alguno por las más altas instancias judiciales del Estado, si sirven para combatir a un enemigo no declarado oficialmente, pero evidente como es el independentismo vasco.

Dieciséis jueces capaces de firmar en un auto que Jone Goirizelaia es representante de Eusko Alkartasuna tienen ahora en su mano el destino histórico de Euskal Herria para no se sabe cuánto tiempo. Ese ha sido el deseo del Gobierno del PSOE. Se trata de un disparate sin sentido que, sin embargo, se pretenden presentar como un debate jurídico más.

Los jueces decidirán finalmente lo que quieran y, si hiciera falta, los recursos llevarán hasta la Corte de Estrasburgo la solicitud de anulación de las elecciones. Pero una de las cuestiones fundamentales es qué va a hacer la clase política que se dice contraria a esta embestida antidemocrática y la ciudadanía vasca para salir de la trampa del «Pacto Antiterrorista» y, si fuera necesario, establecer sus propias reglas de juego, de cara al próximo combate del 22 de mayo.